La Secretaría de Contraloría de Hidalgo prohibió a las dependencias estatales realizar contratos con seis proveedores y siete contratistas por diversas irregularidades detectadas en su inscripción al Padrón de Proveedores del Poder Ejecutivo estatal.
A través de la circular 006, publicada el pasado 26 de julio en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), se informó a las dependencias, entidades de la administración pública estatal, organismos descentralizados y ayuntamientos, que deberán abstenerse de recibir proposiciones o adjudicar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios con las 13 firmas, de las cuales seis son personas físicas.
Se trata de los proveedores Yael Darío Altamirano Guerrero, Guillermo Ramón Ortiz Elizondo, y Patricio Verde Pérez Proveedor; así como las empresas Melar Consulting Group, con domicilio en el centro de Actopan y con Heidi Ivone Ríos Picon como representante; Constructora y Edificadora Diza, ubicada en Mineral de la Reforma, a cargo de Eliuth Zambrano; y Proyectos Valan, con José Samperio Estrella como representante y dedicada a la venta de equipo electrónico para acceso a edificios públicos y privados, paneles solares y material eléctrico y para la construcción.
Asimismo, los contratistas Tomás Dimas Plata, Gonzalo González Biñuelo y Guillermo Ramón Ortiz Elizondo están en la «lista negra», junto con las empresas Gruciesa, ubicada en Tulancingo, a cargo de Juan José Arias Flores, y que ofrecía pavimentación hidráulica y asfáltica, sistema de agua potable, muros de contención, entre otras actividades; y Construcciones y Proyectos Camej, con domicilio en Mineral de la Reforma y dedicada a la pavimentación hidráulica y asfáltica, tomas domiciliarias, edificación, centros y canchas deportivas.
Así como Karej Construcciones, ubicada en Pachuca con Plácido Velázquez González como representante, dicha organización ofrece actividades como movimiento de tierra, excavaciones y obras complementarias, pavimentación, sistema de alcantarillado sanitario, conservación de carreteras y bacheo; y Constructora Alfaomex, representanta por Israel Paulin Pegueros, dedicada a la edificación y sistema de agua potable y de alcantarillado sanitario.
Aceptar propuestas o celebrar contratos con dichas empresas y personas físicas podría implicar responsabilidades administrativas o penales para los servidores públicos contratantes, advierte el documento de la Contraloría, la cual decidió cancelar a las organizaciones tras detectar irregularidades en la inscripción de sus registros.
Van 68 firmas canceladas
En los últimos cuatro meses suman 68 empresas vetadas del padrón de proveedores, más las 13 boletinadas esta semana; el 3 de abril del presente año la Contraloría dio de baja a 49 firmas, 11 días después hizo lo propio con cinco organizaciones más. El pasado 19 de junio se cancelaron a ocho empresas más y una persona física y el pasado lunes 24 de julio se vetó a cuatro firmas y una persona física.
