El discurso contra la inmigración indocumentada en Estados Unidos tiene, o debería tener, un límite: los propios intereses económicos de ese país, sus estados y sus ciudadanos. Pero cuando ese discurso lleva a la creación de leyes, se convierte en una verdadera amenaza contra esos trabajadores y los propios intereses estadunidenses. La pregunta es ¿hasta dónde puede llegar esa amenaza que es en realidad un suicidio?
Un ejemplo es el estado de Florida, donde su gobernador Ron DeSantis disputa la candidatura presidencial del Partido Republicano al expresidente Donald Trump, y que ha llevado el discurso antiinmigrante al terreno legal.
El mandatario floridano se encontraba esta primera semana de septiembre a lejanos 37.5 puntos porcentuales de Trump, y aunque aún tenía una ventaja de 6.3 puntos sobre el emergente Vivek Ramaswamy, de acuerdo al sitio especializado fivethirtyeight.com, éste crecía como demuestra el dato de que apenas el 10 de junio pasado bloomberglinea calificaba al exejecutivo de tecnología de “posibilidad remota”.
Con esa diferencia, parece muy difícil que alcance en los próximos meses a Trump, de quien se ha señalado que a pese a las acusaciones y procesos judiciales en su contra, podría no solo competir por su regreso a la Casa Blanca, sino inclusive al llegar a ella, autoperdonarse,
El margen de maniobra de todos los rivales de Trump se centra en que antes de las elecciones de noviembre de 2024, la situación judicial le impida competir, y de DeSantis parece buscar que al momento en que tal situación sucediera, él sea la opción republicana y de ahí uno de los orígenes de su ley contra la contratación de migrantes sin documentos, determinación en particular dañina para el campo de Florida.
En efecto, esa entidad produce el 80 por ciento de los cítricos estadunidense, y es el líder mundial en toronja, así como segundo lugar también mundial en naranja, sin mencionar otros muchos productos del campo.
Del alrededor de 22.2 millones de personas que habitan la entidad del sureste estadunidense, cerca de un tercio, 772 mil, son trabajadores sin documentos, muchos de ellos dedicados a los cultivos.
En conjunto, las dos normas estatales que pretenden hacer cumplir las regulaciones migratorias podrían generar pérdidas anuales por 12 mil 600 millones de dólares según estimaciones del Florida Police Institute, cifra similar a los salarios obtenidos por los trabajadores en situación irregular en esa entidad en 2019.
Se trata de un daño que afectaría a la agricultura pero también a otras cinco actividades que encabezan la lista estatal de industrias que emplean mano de obra migrante: construcción; profesionistas; científicos; gerencial y administrativos incluido el manejo de desperdicios; servicios de artes, entretenimiento y recreación; comercio minorista, la citada agricultura y otras varias que representan un cuarto del producto interno de la entidad. (https://www.floridapolicy.org/posts/florida-hb-1617-sb-1718-potential-economic-and-fiscal-impact).
Los posibles afectados podrían sumar hasta el 10 por ciento del total de trabajadores de las industrias citadas, donde se estima que todos los inmigrantes sin documentos pagan poco más del siete por ciento de sus salarios en impuestos.
Muchas normas contra la migración irregular caen en el absurdo: según señala el Florida Police Institute, unos 130 mil migrantes sin documentos están casados con ciudadanos estadunidenses, los cuales podrían ser acusados de un delito mayor en tercer grado (third degree felony) si transportan a su cónyuge fuera y regresan al estado con el mismo.
La presencia de migrantes, con documentos o sin ellos, genera muchas veces reacciones sociales de rechazo, las cuales deben investigarse no en quienes llegan, sino en los residentes ya establecidos. El reto es hasta dónde esas motivaciones de rechazo pueden oscurecer el entendimiento de que el daño que trae ese repudio es mayor que el beneficio generado por los migrantes. En un año se verá cual es el resultado de esa situación.
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