El titular del despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se llevó a cabo el peritaje científico y el cotejo de voz entre los videos filtrados, con los audios solicitados al Congreso estatal del diputado E.H.D. para el avance de las investigaciones.
Agregó que ya está vinculado a proceso por el delito local y del que se tiene dos meses para la investigación complementaria. Abundó que han sido aportados los vídeos donde presuntamente hace referencia a la posesión de armas AK47 y R15.
Nieto Castillo agregó que el diputado ya fue vinculado a proceso por narcomenudeo y solicitó el desglose correspondiente a la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitará la declaración de procedencia de desafuero ante la Cámara de diputados en el Congreso de la Unión, ya que cuenta con inmunidad respecto al delito federal.
“Es evidente que los derechos político electorales se pierden, nuestra constitución erróneamente dice auto de formal prisión, en el nuevo sistema es auto de vinculación a proceso esa suspensión de los derechos dura mientras dure la prisión preventiva justificada”, aseguró el procurador.
Indicó que de acuerdo a los términos de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en este momento el diputado petista no cuenta con derechos civiles y políticos, por lo que no debería ocupar el cargo; señaló que será el Congreso local quien tome la decisión correspondiente.
En términos de la constitución la suspensión de los derechos dura mientras el imputado permanezca bajo prevención preventiva justificada indicó Nieto, sin embargo, expuso que ya no es de su competencia.
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó que han sido presentadas dos denuncias más en contra de E.H.D. sin dar detalles para mantener sigilo en la investigación; resaltó que en caso de acreditarse los hechos se harán del conocimiento de la sociedad.
El procurador dio a conocer la información al término del informe de la presidenta del Poder Judicial del estado, Rebeca Aladro Echeverría.
