El presidente de Morena en la entidad, Marco Antonio Rico Mercado, llamó a los aspirantes a cargos federales de elección a evitar actos anticipados de campaña y advirtió que en caso de incurrir en esas acciones serán sancionados.
El dirigente morenista en la entidad explicó que la sanción correspondiente la determinará la Comisión Nacional de Elecciones.
Hasta el momento no se tiene información de quiénes buscan un cargo en la senaduría, «el dato que tengo son los dimes y diretes, las corrillas, hasta de carácter mediático de quiénes pretenden aspirar».
Los registros para aspirantes serán del 1 al 3 de enero para el caso de mayoría relativa; mientras que para el caso de representación proporcional el registro será del 20 al 25 de noviembre, la convocatoria señala que hasta el 18 de enero se conocerán los resultados de cuáles proceden y cuales no.
Marco Antonio Rico manifestó que para quiénes pretenden aspirar a una candidatura están impedidos para utilizar recursos públicos, tener apoyo de algún funcionario y hacer campañas dispendiosas que tienen que ver con lonas o bardas, ya que de no acatarse las reglas serán sancionados ante la Comisión Nacional de Elecciones.
El líder morenista destacó que todo aquel que desee participar dentro del proceso de Morena, debe realizarlo bajo los términos y estatutos de los ejes que rigen al partido.
La convocatoria establece que serán 4 aspirantes los que vayan a la encuesta tanto para senadores como disputados federales por mayoría relativa, mientras que para el caso de los plurinominales la elección será por insaculación o sorteo, no obstante, esperará a los legisladores que presenten licencia o separación a su cargo, señaló.
Los cambios más sustanciales en la redistritación electoral de la entidad, fueron el distrito 3 federal con cabecera en Actopan que se incorpora hasta Mineral de la Reforma, mientras que, el distrito de Pachuca se extiende hasta Ajacuba, indicó.
Adelantó que el Instituto Estatal Electoral (IEEH) resolverá lo que corresponde a municipios donde todo los partidos están obligados a garantizar la participación política y gubernamental de la mujeres, grupos vulnerables y el sector indigena.