El próximo 14 de enero Bernardo Arévalo podría tomar posesión de la presidencia de Guatemala tras ganar el cargo en segunda vuelta con alrededor de 20 puntos de diferencia sobre su competidora Sandra Torres. Y el uso del condicional es porque el sociólogo tiene tantas expectativas favorables como reales riesgos de que “algo” interrumpa su gestión.
La diferencia con que aventajó a su rival viniendo de atrás en la primera vuelta es engañosa, ya que su triunfo se dio con una participación de casi el 45 por ciento del padrón electoral guatemalteco, menos de la mitad de quienes podían sufragar.
Esa baja participación coexiste con la valoración del desarrollo humano del país centroamericano, con índice de 0.663, inferior al promedio de América Latina de 0.766 y solo por encima de los de Nicaragua y Honduras (0.66 y 0.634). (https://indhguatemala.org/panorama-nacional-desarrollo-humano-en-guatemala/)
Pero más que los retos de desarrollo social, el principal problema apunta a la corrupción derivada del contubernio entre sectores de grupos de poder económico y político con el crimen organizado, en donde inclusive parece haber evidencia de que han llegado al propio palacio presidencial.
De hecho el principal obstáculo en estas semanas para la gestión del candidato que postuló el Movimiento Semilla es una funcionaria del Estado, la Fiscal General María Consuelo Porras Argueta, cuya oficina ha intentado descarrilar al actual presidente electo por presuntas irregularidades para la recolección de firmas en el proceso de formación del Movimiento Semilla, o bien falta de recibos en donaciones que llevaron a presumir financiamiento ilícito.
En mayo de 2022, el año previo a las elecciones, el departamento de Estado estadunidense señaló a la Fiscal General como implicada en “hechos significativos de corrupción”, y excluyó la posibilidad de que ella, su esposo y familiares directos puedan ingresar a Estados Unidos.
La organización de investigación periodística Insight Crime señaló en un trabajo paralelo a los pasados comicios, la existencia de cuatro grupos de poder político con vínculos con intereses criminales. Uno, Vamos, centrado en el partido del presidente saliente Alejandro Giammattei. Otro, UNE, que encabeza la candidata derrotada Sandra Torres, más Cabal y Valor, todos con intereses específicos en donde pueden aceptar candidatos con vínculos con esos partidos, pero no externos. (https://insightcrime.org/es/investigaciones/perpetuar-corrupcion-sistema-socava-elecciones-2023-guatemala/)
En el país centroamericano la lucha contra la corrupción no es nueva ni solo interna o local. En septiembre de 2019 dejó esa nación la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acción ordenada por el expresidente Jimmy Morales, un comediante llegado al poder y cuya actuación demuestra que personas de fuera de la política no dan certeza, bajo el argumento de que su actuación ponía en riesgo la ”seguridad nacional”.
En sus últimas declaraciones, Iván Velásquez, comisionado del organismo auspiciado por la ONU, señaló que la salida de la entidad obedecía a la presión de los grupos que se han apoderado del Estado guatemalteco.
En ese contexto ¿qué podrá hacer Arévalo? Esta es la gran duda que despierta el futuro mandatario, sin olvidar que la primera es si asumirá el poder.
Por supuesto, para México lo que ocurra en Guatemala es esencial en materia de crimen organizado, migración, pero también como ejemplo de hasta donde las instituciones de gobierno pueden ser tomadas y convertir a la operación estatal en una gran máquina a favor de la ilegalidad.
De salida: «Fito», o José Adolfo Macías Villar, quien se fugó de una cárcel de Ecuador el pasado fin de semana con lo que desató la ola de violencia de este nueve de enero, es el mismo que habría amenazado de muerte al candidato presidencial Fernando Villavicencio si seguía refiriéndose a él y su organización, según parte policial que conoció el político asesinado el nueve de agosto del año pasado, previo a las presidenciales. El autor material murió tras enfrentarse con la policía luego del crimen, y siete cómplices, seis de ellos colombianos, fueron asesinados en octubre en la prisión donde estaban detenidos. La sombra de la pareja política-crimen organizado parece también haber alcanzado al país andino.
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