Por Dr. Everardo Chiapa Aguillón
El pasado jueves 15 de febrero se llevó a cabo un paro nacional de transportistas como protesta ante el incremento de la inseguridad y las extorsiones en las carreteras del país. Las actuales manifestaciones a manera de bloqueos en las principales carreteras del centro de México provienen principalmente del sector dedicado al transporte de carga. En el caso del estado de Hidalgo, la principal vía afectada fue la carretera México-Pachuca; aunque el problema de la inseguridad para el transporte de carga no es el único en dicha vialidad, pues se suma a la nada reciente crisis del transporte de pasajeros. Un ejemplo extremo es el caso de Tizayuca, donde desempeñarse como operador de alguna unidad de transporte no es garantía de mantenerse con vida. La ruta que conecta al municipio hidalguense con otros puntos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se ha vuelto un referente del terror carretero.
A mediados del año pasado, el municipio de Tizayuca vivió una serie de protestas debido a la violencia de la que son objeto los operadores de las rutas de transporte de pasajeros, que ha escalado incluso hasta el asesinato de algunos de ellos. Ya sea en vías federales, estatales o municipales, parece que las quejas hacen poco eco en los oídos de las autoridades que no han logrado contener el problema o siquiera atenderlo de manera mínimamente eficaz. Al respecto, hay que tener singular cuidado en la lectura de la información oficial.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo a transportistas en el estado de Hidalgo ha seguido una tendencia a la baja desde 2018. Mientras que para ese año se contaron 64 casos en la entidad, la cifra disminuyó hasta 28 casos registrados en 2023. En el último año, Tizayuca fue, por cierto, el municipio con la mayor incidencia de robo a transportistas. A pesar de la aparente disminución en la ocurrencia de dicho delito, no es la única fuente de afectación de los transportistas (ni la única preocupación que deberíamos tener). Lamentablemente (aunque conveniente para quienes deben responder por ello), la forma en que está agregada la información pública disponible no ofrece detalles sobre la magnitud de la violencia sectorizada en el país, por lo que, para identificar el total de delitos de los que es objeto el gremio transportista, habría que hacer una revisión más profunda de cada carpeta de investigación. Además, hay que recordar que el modus operandi de los grupos criminales ha optado por modalidades más sutiles que, aunque no necesariamente denunciadas, constituyen la comisión de un delito.
Hablando más específicamente, la extorsión se ha convertido en una práctica delincuencial común que coloca a la víctima en el dilema de denunciar o no denunciar. Es decir, la presión ejercida en contra de la víctima no obedece necesariamente a una amenaza física instantánea (un asalto, un ataque con violencia) que habrá de denunciarse, sino que busca prevalecer como una preocupación constante en el afectado a fin de que ceda a los reclamos continuos del delincuente. De todos modos, ¿cómo habría de comprobar la víctima que está siendo extorsionado?, ¿qué repercusiones podría sufrir si denuncia en medio de una extorsión?
Volteando nuevamente a los datos, pero con la reserva de ser una mera referencia (no necesariamente vinculada con la crisis actual en la red carretera), la extorsión en Hidalgo pasó de 232 casos registrados, en 2022, a 365, en 2023. Esto representa un aumento de 57 por ciento de un año a otro. Es de destacar que, después del municipio de Pachuca que sumó 100 y 97 casos en ambos años, respectivamente, Tizayuca pasó de 0 (cero) casos de extorsión, en 2022, a 49, en 2023. Esto no quiere decir que tales delitos estén asociados con el transporte, pero sí son un indicativo de la amenaza que representa la extorsión en dicho territorio y una de las principales causas de las recientes protestas.
Es complicado llegar a explicaciones concluyentes sobre la fuente del problema, pero sí contamos con nociones muy evidentes de una preocupante actualidad: un estado de derecho fallido en el que los individuos reconocen lo improbable de la acción gubernamental para hacer cumplir las leyes; en consecuencia, la reproducción del crimen organizado como solución parcial a la problemática en los sectores de población más vulnerables ante el abandono social, o discursos públicos que sugieren la complacencia de los poderes del Estado con la delincuencia.
La ocurrencia cada vez más frecuente de delitos como la extorsión representa una crisis que debería lanzar advertencias a una administración pública que se ha visto rebasada por la agenda de problemas sociales y sorprendida por su propia incapacidad para resolverlos. La agobiante cantaleta de la existencia “de otros datos” y la repartición de culpas hacia el pasado no son suficientes para gozar de una paz social, pues igual siguen rompiéndose récords de personas asesinadas en el país (273 el fin de semana pasado) que algún tractocamión es abordado por piratas del asfalto para el robo de mercancía. Ya no basta con reconocer la crisis por inseguridad, mientras sucumbimos ante la delincuencia que frivoliza la violencia con doctrinas al estilo de “el que tenga miedo a morir que no nazca”, sino que necesitamos gobiernos pulcros en su quehacer con todo lo que ello implica.
Vaya extremo que hemos alcanzado como país de aquello que Hannah Arendt denominó la banalidad del mal, convertidos en pueblo ingobernable y resignándonos cándidamente a vivir entre el crimen romantizado a toda escala.
*Dr. Everardo Chiapa Aguillón
Posdoctorante en El Colegio del Estado de Hidalgo*
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