La crisis diplomática entre los gobiernos de México y Ecuador si alguna cualidad tiene, es mostrar que el desprecio por las normas de la convivencia internacional se ha instalado y va a costar trabajo si no erradicarlo, al menos regresarlo a niveles que mantengan alejado el peligro de males mayores a una ruptura de relaciones, como es un enfrentamiento con violencia.
Pero también ha escondido la asociación entre bandas del crimen organizado de México con grupos similares de Ecuador, un cáncer que crece y se expande.
En el terreno diplomático, se entiende que el mundo está formado por naciones con diferencias abismales de poder entre ellas. Las normas de convivencia internacional tratan de que esos abismos no sean la sepultura de los más pequeños, y cumplen una función similar a las legislaciones de cada país, que buscan crear y mantener el equilibrio, muchas veces débil, entre personas y grupos al interior de cada país.
Por supuesto que el derecho, ya sea nacional, internacional o diplomático, está condicionado por los más fuertes, como lo demuestran las resoluciones del Consejo de Seguridad, que se quedan empantanadas por el veto que ejercen cinco de las 193 naciones miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), o bien, que cuando sí son adoptadas, se quedan en meras intenciones.
Pero esas normas son el único mecanismo para tratar de que exista una convivencia más o menos equitativa entre personas o naciones. Y esto es precisamente lo que está en crisis hoy en día.
Hasta octubre pasado el ejemplo mayor era la invasión de Rusia a Ucrania. Los derechos rusos sobre parte o la totalidad del territorio ucraniano existen por supuesto, pero también la realidad de la nación ucraniana. Y los derechos de la población de origen ruso que vive en áreas ucranianas tampoco están a discusión, pero la solución militar solo parece buscar que prevalezca el interés por restablecer un imperio ya extinto.
A partir del siete de octubre pasado la respuesta de Israel al ataque del movimiento islámico Hamás en el sur de su territorio, se ha ido convirtiendo en una acción milimétricamente pensada y ejecutada para que el Estado Palestino no se concrete nunca, para limitar el derecho a existir del pueblo palestino y para acercarse lo más posible al exterminio de ese mismo pueblo palestino.
En ese marco lo que sucede en América Latina entre Venezuela y Guyana parece un juego de niños, pero es un juego peligroso. Recordemos que se trata de la herencia dejada por el colonialismo que vivió nuestro continente de parte de potencias europeas a partir del siglo XVI. Quinientos años después renacen conflictos surgidos de ese colonialismo que deben de ser resueltos por los tribunales internacionales.
El gobierno de Venezuela, encarrerado para seguir en el poder en las próximas elecciones, encuentra en la demanda de soberanía sobre más de la mitad de Guyana, una palanca nacionalista para lograr votos el próximo 28 de julio, y decreta una ley que reconoce esa soberanía sobre un territorio que ahora forma parte de otro país, aunque al mismo tiempo su propia vicepresidenta Delcy Rodríguez, entrega documentos a su favor en la Corte de Justicia Internacional (CIJ) donde se busca resolver el problema, aunque el presidente venezolano Nicolás Maduro aclara que la entrega de esos documentos no significa que reconozca la jurisdicción de la CIJ sobre el asunto.
Y en el caso de México y Ecuador, era el órgano pertinente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el que debió emitir su resolución acerca de si México violaba la Convención sobre Asilo Diplomático de marzo de 1954 al recibir primero como huésped y luego otorgar asilo al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción. https://cutt.ly/Cw4UKaJ5
El allanamiento de la embajada de México en Quito violó con claridad el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de abril de 1961, y ahora será la CIJ la que deba de pronunciarse sobre el hecho, aunque la violación ya está hecha. ( https://cutt.ly/mw4ULtDR ).
Ese allanamiento dejó en el olvido si la actual administración mexicana abandonó la Doctrina Estrada de 1930, tras su apoyo a los depuestos Evo Morales y Pedro Castillo, ex presidentes de Bolivia y Perú, o por la afirmación oficial mexicana de que el asesinato en agosto de 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio, influyó en que Luisa González -cercana ideológicamente al actual gobierno mexicano- perdiera por casi cinco puntos porcentuales en octubre pasado, la segunda vuelta de los comicios ante el actual mandatario Daniel Noboa –en la antípoda ideológica del gobierno mexicano- a quien había superado en la primera ronda celebrada en agosto.
Y lo más grave, que toda esa polémica sobre violaciones al derecho diplomático internacional, ha borrado del mapa de la opinión pública la presencia y la actuación de grupos del crimen organizado de México asociados con bandas ecuatorianas, asociación que sigue operando mientras se mantiene la discusión sobre violaciones al derecho diplomático.
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