Es buena noticia que Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), solicitara órdenes de detención por la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad por igual para el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres líderes de la organización fundamentalista islámica Hamás, por la incursión de este grupo contra Israel el pasado octubre y la respuesta del gobierno de ese país, que aún sigue con más de 30 mil muertos.
Es una buena noticia porque en el actual conflicto en Medio Oriente los actores centrales, el gobierno israelí y Hamás, son igualmente responsables y el partidarismo lo hace olvidar con frecuencia, quizá más de lo tolerable.
Es cierto que el grupo islamista tiene gran presencia en el pueblo palestino, pero esa presencia no lo autoriza a realizar una incursión como la de octubre pasado. En los hechos concretos ¿qué ganancia ha obtenido que valga la vida de 30 mil de sus conciudadanos?
También es verdad que el gobierno de Netanyahu, más allá de la forma específica en que se formó, resultó de una elección democrática, característica que tampoco le permite erigir el derecho a defenderse en acciones para la desaparición del pueblo palestino, como lo ha estado haciendo hace ya siete meses.
Pero ¿cuál es la efectividad de esa solicitud?
Primero se debe esperar a que jueces de la CPI determinen si las pruebas que analizó Khan y que lo llevaron a pedir las órdenes de detención, son lo suficientemente fuertes para proceder, es decir, que hay un espacio para que todo quede ahí.
Pero si los jueces dan el visto bueno a los materiales probatorios proporcionados por el fiscal jefe, lo más que podría sucederle a Netanyahu y Gallant sería coartar su movilidad hacia o en países que hayan firmado el Estatuto de Roma, creador de la CPI, pues Israel no ha firmado ese documento.
Y lo mismo podría pasar con Yahya Sinwar, jefe de Hamás en Gaza; Mohammed al Masri así como Ismail Haniya, prominente líder del grupo islámico y quien perdió a tres de sus hijos y varios de sus nietos en un bombardeo israelí el pasado abril, con la diferencia de que Palestina se adhirió a ese Estatuto en 2015.
Lo primero y más importante es que los jueces de instrucción den el visto bueno a las investigaciones de su fiscal jefe, lo que reportes de prensa señalan demoraría al menos dos meses.
Pero la situación no sería rápida. El pasado uno de marzo la sala de apelaciones de la CPI confirmó que debe seguir una investigación en Venezuela sobre presuntos crímenes cometidos por el gobierno venezolano desde 2017, es decir, hace siete años.
En el caso de Israel y Palestina habría una tenue luz de arreglo porque los aliados occidentales no muestran unanimidad en su defensa del gobierno de Netanyahu. Francia apoya la investigación de la CPI y mantiene su condena, primero por las acciones de Hamas, y luego por la respuesta israelí. Posiciones similares han adoptado Bélgica y Eslovenia.
La acción destacada no parece estar en la CPI, pues sus tiempos son consecuencia de la serie de estrategias que cada país aplica para demorar las decisiones y las acciones que de ellas se desprende.
Pero puede haber acciones colaterales. Por lo pronto España, Irlanda y Noruega recién anunciaron su reconocimiento al Estado Palestino, mientras se espera que una decisión en ese sentido la tome Eslovenia en junio, todo lo cual fortalece la posición palestina en la escena internacional.
Pero la más importante es al interior de Israel. Su gobierno está formado por partidos religiosos con una conducta tan fundamentalista como Hamás. Ya uno de sus líderes exigió que debe seguir el establecimiento de asentamientos judíos en territorio palestino, y retener los impuestos que se cobran por cuenta del gobierno palestino, entre otras medidas.
Ese radicalismo exacerbado por la decisión de la CPI quizá no prospere, pero una víctima podría ser Netanyahu, que ha gobernado con el apoyo de esos partidos y a pesar de tener investigaciones penales. Su salida del gobierno, como lo han venido pidiendo manifestaciones, podría ser una válvula de escape. O seguir en el gobierno, no llevar adelante las medidas radicales, pero sí dar alguna clase de alivio a los palestinos.
Pero lo central es que los muertos, heridos y en general el número de palestinos afectados, va a seguir, igual que la destrucción de su infraestructura, mientras en Tel Aviv, las grandes capitales internacionales y la CPI siguen los juegos de poder.
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