El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad una modificación a la Ley de Movilidad para Transporte para el estado, con el objetivo de que los operadores de transporte colaboren como primer respondiente con la autoridad sobre cualquier hecho que se constituya como delito en el que involucre a mujeres y niñas.
El legislador Luis Ángel Tenorio expuso que los concesionarios y permisionarios estarán obligados a contribuir en los casos reportados por acoso y violencia sexual en el transporte público.
Tenorio precisó que la Secretaría de Movilidad y Transporte estatal (SEMOTH) capacitará y certificará a dicho gremio, por lo que deberán garantizar la infraestructura que procure espacios seguros que puedan disuadir o evitar la generación de violencia contra dicho sector poblacional.
Puntualizó que el acoso sexual es un tipo de violencia de género que se puede manifestar de muchas maneras, desde comentarios y tocamientos inapropiados que tienen impacto en la seguridad de quienes son víctimas.
Al externar que dicha conducta genera la normalización de comportamientos abusivos, se pronunció por generar protocolos de denuncia para las personas afectadas y crear entornos seguros.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, el delito más común es el robo o asalto en la calle o transporte público.
El legislador indicó que el 30 por ciento de los usuarios de servicios como Tuzobús, urvan y taxis metropolitanos manifestaron haber experimentado violencia sexual y acoso.
