Los integrantes de la 65 Legislatura aprobaron una modificación a la Ley del Sistema Estatal de Anticorrupción que obliga a los municipios contar con un Código de Ética para los Servidores Públicos, en el que se contengan los principios y valores de la administración, el cual deberá ser aprobado por los cabildos.
Además los ayuntamientos deberán implementar un proceso de capacitación y certificación sobre la aplicación de políticas y programas en la materia, lo cual se debe reportar conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.
El diputado Octavio Magaña explicó que los municipios difundirán de forma permanente entre sus servidores públicos los principios de dicho código y que debe constar en su expediente laboral.
Precisó que el objetivo del dictamen es fortalecer las herramientas de anticorrupción de los 84 municipios mediante la obligatoriedad de crear y aplicar reglamentos ante la Ley de Sistema Anticorrupción Estatal.
El legislador aseveró que la corrupción al ser un al ser un fenómeno mundial, obstaculiza el desarrollo y hace huir la inversión, además de que debilita a los sistemas judiciales y políticos. Sin embargo expresó que en México es uno de los principales problemas públicos.
Puntualizó que con fundamento en el artículo 113 de la Carta Magna, la Ley General del Sistema Anticorrupción tiene como objetivo establecer la coordinación entre las entidades para que prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.
