Por: Jorge Esqueda
La cooperación gubernamental entre México y Estados Unidos se encuentra hoy en un momento muy bajo, se diría que literalmente por los suelos.
Esa situación empieza desde el significativo silencio de la administración Biden para informar a detalle al gobierno mexicano de cómo fue que podrán llevar a juicio a Ismael El Mayo Zambada.
Como dice el dicho: lo que mal empieza mal acaba, y así está sucediendo con la cooperación gubernamental Biden-López Obrador, que continuó, ciertamente de otra forma, las rispideces que hubo con el gobierno de Donald Trump.
Y si bien el anterior mandatario estadunidense se quedó con las ganas de lanzar misiles Patriot contra los carteles mexicanos de las drogas, su sucesor lo hizo con otro que ha tenido efectos multiplicadores: ha mostrado el estado de la colaboración binacional, ha multiplicado los obstáculos para que los próximos gobiernos creen sólidos y eficientes canales de comunicación y colaboración; podría haber fortalecido al Cartel Jalisco Nueva Generación ante su rival sinaloense, sin que exista un indicador claro de que el abasto de fentanilo se reducirá de manera dramática, ni atacado de raíz el problema de por qué se da el consumo.
Pero sí Claudia Sheimbaun y, si gana el próximo noviembre, Kamala Harris tienen madera de estadistas, tienen en esta verdadera zona cero la oportunidad de comenzar de nuevo.
Cierto que la cooperación en combate al narcotráfico ha sido una de las áreas más claras de intervencionismo estadunidense en nuestra región. La forma de operar de la Drug Enforcement Administration, la famosa DEA, ha sido responsabilizada de todo tipo de acciones intervencionistas. Por citar solo un ejemplo, la operación Irán-Contras, donde dinero del narcotráfico financió a fines del siglo pasado a los opositores a la Revolución Sandinista en Nicaragua, cuando este movimiento despertaba genuinas esperanzas. Y seguro por ese recuerdo, el actual gobierno de Daniel Ortega redujo al mínimo la cooperación con esa agencia.
En México al comienzo de esta administración a punto de terminar, se tomaron medidas similares bajo argumentación equivalente. Empero, el contexto es y era diferente, y lo mismo la vecindad que no es regional como con Nicaragua, sino pared con pared. Seguro que un gobierno que se presume de izquierda debe denunciar y detener ese intervencionismo, pero parece que equivocó la forma ante el momento alto de consumo de drogas en Estados Unidos.
La detención, entrega o secuestro de Zambada muestra también la amplia corrupción oficial en ambos lados de la frontera. Ahora resulta que las autoridades mexicanas de todo nivel fallaron por alrededor de cuatro décadas en detenerlo, y algo similar con las estadunidenses. ¿Acabará ahora la corrupción que permitió su libertad? De seguro no, como la detención, juicio y condena de Joaquín Guzmán Loera no se ha reflejado en una crisis de abasto o caída del consumo.
El uso político, incluido su lado electoral, en el caso Zambada es transparente. La administración demócrata de Joe Biden ha mostrado espectacular, aunque tardía e interesada eficiencia, en el marco de las próximas elecciones presidenciales. Del lado mexicano la situación es similar, pero debe de probarse con hechos los vínculos entre políticos y narcotraficantes, aunque es explicable que casi nadie quiera correr el riesgo de atreverse a hacerlo.
Pero es poco probable que el futuro juicio a Zambada cambie la situación si los lentes con los cuales se observa la producción, comercio y consumo de drogas siguen siendo los mismos. En ambos lados de la frontera urge ese cambio. Estados Unidos tiene que volver su mirada hacia su interior, preguntarse qué le está diciendo su sociedad con ese alto consumo y tomar las medidas necesarias.
En México, entender que si un cigarrillo de marihuana puede ser la puerta hacia drogas duras, el proceso de cultivar, comercializar y consumir drogas de todo tipo, muestra también descomposición social aunque de otro tipo a la estadunidense, como el cobro de piso a todo tipo de negocios en cada vez más zonas del país, pero también la expansión de la delincuencia, enfrentamientos tipo guerra como ha sucedido estos pasados días en Chiapas, y si se sigue sin ver que la narcocultura es de tiempo atrás, una realidad que daña las relaciones sociales, impone un modelo consumista y mantiene la cosificación de la mujer.
Sin un cambio de raíz en ambos lados de la frontera, el arresto, entrega o secuestro de Zambada se convertirá en una anécdota.
De salida: En 2019 Juan Guaidó tomó posesión como presidente interino tras el desconocimiento de la legislativa Asamblea Nacional, de las elecciones de 2018 que había ganado Nicolás Maduro. Guaidó obtuvo el reconocimiento de unos 50 países y la intensidad de las protestas que se generaron llevaron a creer que el sucesor de Hugo Chávez saldría del poder, pero no. Cinco años después se dibuja una situación similar pero no idéntica, y ambas partes deberían de aprender de esos años prepandemia.
