A punto de terminar el actual gobierno federal es momento de comenzar a evaluar su política exterior, donde su fin agitado es una muestra del terreno perdido, probablemente donde lo más perdido es en el liderazgo que se pudo ejercer en la región y que al final se quedará sin ser.

Esta evaluación debe de servir para bosquejar y sugerir los nuevos objetivos y cómo caminarlos, cerrando una pausa sexenal en materia internacional que deja un camino estrechísimo a la nueva administración.

A fines de 2018 Mauricio Macri estaba por terminar su gobierno y entregar la estafeta a Alberto Fernández, justicialista considerado de izquierda, y hoy sucedido por Javier Milei, más que de derecha. En Brasil estaba a punto de comenzar el gobierno de Jair Bolsonaro, tras un par de años de Michel Temer luego de la salida abrupta de Dilma Rousseff, salida que abrió una gestión que buscó revertir lo hecho por Inacio Lula da Silva. Y en Colombia había comenzado Iván Duque, también estimado de derecha, sin que fuera visible la sorprendente llegada del actual mandatario Gustavo Petro, con antecedentes guerrilleros.

En ese ambiente la llegada de un mandatario de izquierda que había pretendido la jefatura del Estado mexicano con insistencia tras una dura salida de la crisis generada por el fin del llamado Milagro mexicano, dos gobiernos de filiación derechista y una nueva y desaprovechada oportunidad al expartido dominante y casi único PRI, fue vista también como la llegada de un nuevo líder regional que debería encabezar a la región latinoamericana.

Pero no sucedió así. Se trató de algo más que reticencia a viajar fuera de las fronteras nacionales por austeridad. Ese liderazgo estaba vacío porque no pudo o quiso ocuparlo Raúl Castro, quien terminó a fines de 2019 su mandato en Cuba, y era impensable, como también lo es ahora, que el liderazgo de la izquierda fuera ocupado por el nicaragüense Daniel Ortega o el venezolano Nicolás Maduro. Se tuvo que esperar hasta 2023 para que Lula ocupara de nuevo ese lugar, aunque en un nuevo contexto, con Milei en la presidencia argentina en un contrapeso duro.

Ese nuevo contexto incluye la presidencia de Petro en Colombia y de Gabriel Boric, desde 2022, en Chile, quienes han formado un triángulo de voces para decirle al venezolano Maduro que debe ser mucho más transparente en cómo afirma que ganó las pasadas elecciones presidenciales, mientras México se encuentra aún en espera, en pausa, de las actas de ese triunfo.

Con Estados Unidos y Canadá se había firmado apenas el 30 de noviembre de 2018, horas antes del inicio de la nueva gestión, la versión renovada del tratado comercial entre México y esos dos países, el TMEC heredero del TLC.

Se podría esperar que ese marco comercial renovado sería una catapulta económica para el gobierno mexicano entrante, más en el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que ya había comenzado. La pandemia de Covid-19 ciertamente mostró una gran fisura en el proceso de globalización, específicamente en la ubicación de procesos de producción en países lejanos pero cercanos a las fuentes de materias primas o con salarios bajísimos, lo que inició su reversión del proceso con el llamado nearshoring, el cual ha abierto oportunidades a México.

Pero algo sucedió. Con el gobierno del demócrata Joe Biden inició una negociación ríspida sobre todo en materia de narcotráfico, mientras seguía la obligada cooperación en migración impuesta por el republicano Donald Trump, donde los llamado a ir a las causas y financiar con dinero estadunidense proyectos en los países de donde salen los migrantes, cayeron en el vacío, pues ¿quien aceptaría financiar gobiernos con altos índices de corrupción como los de América Central? México, por supuesto tampoco dio la atención debida a los miles de migrantes que llegan, una oleada que sobrepasa sus recursos y las instancias a ellos dedicadas.

Ahora la reforma al Poder Judicial mexicano muestra que el entendimiento de lo que es el TMEC queda nublado por ideas de los años sesenta del siglo pasado, sin eficiencia para hacer una nueva formulación de cómo debe ser la relación con el principal socio comercial del país, que es también la primera potencia económica del mundo, con quien se comparte frontera, pero sin algún tipo de rumbo hacia las futuras potencias económicas mundiales que ya están ahí.

Puede estarse de acuerdo en que la presencia de inspectores estadunidenses para productos de exportación en plantaciones mexicanas de aguacate o los trámites laborales expeditos en tribunales del país para empresas que trabajan en México como filiales o abastecedoras de estadunidenses bajo el amparo del TMEC, violan la soberanía, pero son prácticas aceptadas y en ejercicio cotidiano, que no se resuelven con retórica.

México, en efecto, mantiene por su posición geográfica la función de bisagra entre el conjunto de América Latina y el norte desarrollado, y necesita quitar la pausa a su actividad internacional y asumir el liderazgo regional que al no ejercer, daña a toda la región, aunque la herencia en este renglón para el nuevo gobierno, es un sendero estrecho.

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