¿Qué hay de nuevo en Venezuela tras los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, en relación a las anteriores elecciones de 2019? En apariencia nada.
Algo parece estar sucediendo en que la situación siga igual sin explotar.
Los comicios presidenciales de 2018, hay que recordar, se dieron en el marco de la hiperinflación, con índice que superó mil 200 por ciento en noviembre de ese año, con la consecuencia, una más, del aumento de la pobreza y en general el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, que a su vez impulsó la emigración.
En mayo de ese año se celebraron las elecciones presidenciales que ganó Nicolás Maduro, ya al frente del Ejecutivo, con más del 60 por ciento de los votos depositados. Henri Falcón le siguió con alrededor del 20 por ciento.
Junto a esas cifras el abstencionismo fue el que realmente quedó en segundo lugar, pues sumó más del cincuenta por ciento del padrón, es decir, algo así como el doble de la falta de participación electoral que se registró en las urnas en los procesos inmediatamente anteriores.
Maduro fue a dormir la noche electoral con el fracaso de no haber llegado a los 10 millones de votos que se había fijado como meta, sino solo con poco alrededor de 60 por ciento de ese objetivo, pues sumó 6.1 millones. Pero no se hablaba de fraude, sino de un cúmulo de maniobras para poner a la oposición a rodar en un cuesta arriba en un empedrado lleno de baches y bajo tormenta.
Con esos antecedentes Venezuela empezó 2019 con dos presidentes: el reelecto Maduro y Juan Guaidó, presidente de la legislativa Asamblea Nacional y autonombrado “presidente interino”, quien llamó al mundo y a las fuerzas armadas a unirse para derrocar a quien calificó de “ilegítimo”, es decir, Maduro.
A partir de ahí Guaidó empezó su lucha contra la maquinaria gubernamental de Maduro con el apoyo del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú), pero también el gobierno de Donald Trump, y desde enero de 2021, de la Unión Europea, aunque sin reconocerlo como presidente interino.
Guaidó sufrió agresiones administrativas, como su inhabilitación como líder legislativo por parte de la Contraloría venezolana o el congelamiento de sus cuentas bancarias, pero también físicas, afortunadamente sin consecuencias mayores.
En su gestión logró que la a la oposición se le diera el control de Citgo, la filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela, y que el Tribunal Superior de Londres también diera a la oposición el control sobre dos mil millones de dólares en oro depositados por el Banco Central de Venezuela en el Banco de Inglaterra.
Casi al finalizar diciembre de 2022 los partidos de oposición venezolanos acordaron el fin del gobierno interino por no haber logrado los objetivos políticos que eran la salida de Maduro, gobierno de transición así como nuevas elecciones, y sin que fuera posible evitar serias dudas sobre corrupción por el uso dado a los recursos recibido.
Hoy casi se reeditaban los grandes rasgos de esa historia con el triunfo de Edmundo González, pues María Corina Machado, la líder real opositora impedida de participar como candidata presidencial tras la inhabilitación de que fue objeto, aseguró que se contaba con 73.20 por ciento de las actas de los comicios de este año, y podía asegurar que Maduro había perdido pues logró 44.2 por ciento frente al 51.2 por ciento de su rival opositor.
A casi dos meses de las elecciones, las únicas actas electorales que existen son las de la oposición, pues ni Maduro ni el Consejo Nacional Electoral han sido capaces de mostrar una sola que avale la reelección del sucesor de Hugo Chávez designado por este mismo antes de morir.
González de 75 años de edad, un contraste con los 35 de Guaidó cuando fueron las elecciones de 2018, recibió la misma persecución judicial y administrativa, y aunque es arriesgado afirmarlo, al parecer decidió que a su edad no era lo mejor enfrentar esa persecución y fue a España asilado desde donde encabezará la resistencia y se ha dicho, tomaría posesión.
Ahora Corina Machado, que enfrenta medidas similares de Guaidó y González, deberá seguir dando la cara al frente de la oposición y diseñar una estrategia que logre desmontar la fortaleza que Maduro ha construido: el apoyo de todas las fuerzas de seguridad empezando por el Ejército, logrado gracias a otorgar ascensos y entregado la operación de lucrativas actividades económicas.
Pero también diseñar y operar un cuerpo de inteligencia –espionaje interno para decirlo más sencillo- amplio y a todos niveles, partidos políticos afines que buscan consolidar apoyos populares, y sí, también apoyo popular, aunque este ha ido a la baja, como lo muestra el éxodo de venezolanos, pero existe.
La vía de la fuerza parece ser la única exitosa, pero es sensato que la oposición evite ese paso, más que por consideraciones humanas, porque tendría que enfrentarse a una estructura de fuerza, espionaje y control social que la rebasa. Aunque parezca estéril, lo que hace es lo único que le daría frutos, eso sí, a largo plazo.
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