En el estacionamiento de un centro comercial de Zapotlán de Juárez, Álvaro Bardales, titular de Contraloría, realizó el proceso de baja de 86 unidades vehiculares pertenecientes a diversas dependencias de seguridad pública.
“Nuestro objetivo es asegurar que el proceso de baja se realice de manera transparente y conforme a los criterios establecidos, para evitar el mal uso de los bienes públicos y prevenir actos de corrupción”, afirmó el funcionario estatal.
Del total de unidades 17 estaban adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública, una, a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, y 68 unidades a la Subsecretaría de Operación Policial.
Cómo parte del proceso la revisión física corrió a cargo del taller de mantenimiento vehicular La Paz, quien verificó la obsolescencia, el fin de vida útil, daños estructurales graves y la falta de cumplimiento con las regulaciones ambientales. También se llevó a cabo la revisión técnica y la firma del acta para la baja de los vehículos.
De las 86 unidades, 66 estaban asignadas a diversas direcciones municipales en localidades como Zimapán, Ajacuba, Tlahuelilpan y Pachuca, entre otras. Además, diez vehículos pertenecían a delegaciones regionales y especializadas, como Pachuca y Huichapan, así como unidades asignadas para transporte pesado, temas administrativos y seguridad.
Con dicha intervención se busca prohibir la venta ilegal de vehículos a terceros y la alteración de inventarios para beneficio personal de funcionarios. Con la correcta implementación de estos criterios, se asegura que solo aquellos vehículos que realmente superan su vida útil y que no cumplen con las normas vigentes sean dados de baja, lo cual evita la eliminación innecesaria de activos.
