Por: MUNI
El 20 de noviembre, Día Universal de la Niñez, debería ser un recordatorio de la responsabilidad colectiva que tenemos como sociedad de proteger los derechos de todas la niñez, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. Sin embargo, para miles de niñas migrantes en México este día solo refleja invisibilidad, maltrato y desprotección.
Estas niñas, que huyen de situaciones de violencia, pobreza y abuso en sus países de origen, a menudo encuentran una situación aún más grave en el camino: la vulneración sistemática de sus derechos.
México, al ser un país de tránsito, destino y retorno de población migrante de Centroamérica, Sudamérica y extracontinentales enfrenta una profunda crisis de protección de las niñas migrantes.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, de 2014 a 2024 se registraron 584 mil 617 eventos de detención migratoria de niñas, niños y adolescentes (43% mujeres y 57% hombres). Si miramos más de cerca los datos por grupos de edad y sexo, las niñas entre 0 y 11 años de edad están presentes en un 29% respecto del total de eventos de detención de niñez y adolescencia migrante; 96% viajan acompañadas y 4% no.
La mayoría de estas niñas no solo enfrentan el peligro inherente al trayecto migratorio, sino que son víctimas de múltiples violencias durante su desplazamiento. Las y los adolescentes suman 226 mil 721 en el total de los eventos de detención, y aunque son más conscientes de su entorno, también enfrentan amenazas en cada paso que dan, desde acoso de las pandillas hasta la discriminación y violencia estructural en los países de tránsito.
Del 100% de las detenciones de niñez y adolescencia migrante en la última década, 54% terminó en deportación en los últimos seis años.
El desplazamiento de las niñas y los niños no es un fenómeno aislado ni circunstancial, sino una consecuencia directa de las crisis sociales, económicas y políticas que azotan diversas regiones del mundo. La violencia, la pobreza, la falta de oportunidades y la persecución son las principales causas que empujan a estas familias a dejar sus hogares.
Las niñas migrantes no solo enfrentan la violencia que se perpetúa en las rutas migratorias, también la discriminación y el abandono institucional. Aunque deben ser reconocidas como sujetas de derecho, al ser migrantes, muchas veces se les niega el acceso a servicios básicos, y a la justicia. En muchos casos, incluso se las trata como “no aptas” para pedir asilo, negándoles la posibilidad de tener una vida libre de violencia.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) empujamos la armonización de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en noviembre de 2020.
Celebrando el cambio de paradigma que suponía la no detención de la niñez, la adolescencia y sus familias; la creación de Planes de Restitución de Derechos para niñas, niños y adolescentes migrantes; y el papel de las Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como instancia garante de la protección y derechos de esta población, dejando de lado la visión de contención, detención y deportación del Instituto Nacional de Migración.
Sin embargo, a cuatro años de la reforma, hay simulación en la protección de la niñez y la adolescencia migrante en México. Las cifras de gobernación indican que el 63% del total de los eventos de detención de niñas, niños y adolescentes, de los últimos diez años, ocurrieron entre 2021 y 2024. Las autoridades, en lugar de brindarles protección y garantías para su seguridad, las someten a procedimientos que las revictimizan y criminalizan por su condición de niñas y migrantes.
La falta de un enfoque integral de protección para las niñas migrantes está profundamente arraigada en la política migratoria de contención, sin tener en cuenta las necesidades específicas de las personas en situación de movilidad, especialmente de las niñas y las adolescentes.
A pesar de que desde 2014 existe la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece que el interés superior de la niñez debe ser la prioridad en todas las decisiones que afecten a niñas, niños y adolescentes, las niñas migrantes siguen siendo tratadas como un número más en los flujos migratorios, sin una atención especializada. Las niñas y las adolescentes no son solo números, aun si conocer los datos nos ayuda a poner en perspectiva lo que sigue pendiente para la protección de esta población.
Es urgente que México adopte medidas efectivas para garantizar la seguridad y protección de las niñas migrantes. El Estado debe comprometerse a la creación de políticas públicas con un enfoque de género y derechos humanos que tomen en cuenta las particularidades y necesidades de las niñas.
Por ejemplo, garantizar la protección de las niñas migrantes no acompañadas, dándoles acceso a mecanismos efectivos de protección, como la custodia temporal o la entrega a familias de acogida que ofrezcan un entorno seguro y digno; implementar protocolos de atención adecuados a las niñas víctimas de violencia, que incluyan personal especializado en derechos de la niñez y género, y que aseguren el acceso a servicios médicos, psicológicos y legales; garantizar el acceso a la justicia y reparación integral para las niñas que han sido víctimas de violencia, con mecanismos de denuncia accesibles, ágiles y respetuosos de sus derechos, que eviten su revictimización; y promover la inclusión social de las niñas migrantes a través del acceso a la educación y la salud, independientemente de su estatus migratorio.
El Día Universal de la Niñez no puede ser solo un día de reflexión, debe ser un llamado a la acción para garantizar que los derechos de las niñas migrantes sean una prioridad en las políticas nacionales e internacionales. Las bases están puestas, solo falta voluntad política.
Es fundamental que los gobiernos, las organizaciones y la comunidad internacional trabajen de manera conjunta para fortalecer los mecanismos de protección que aseguren un futuro más justo y seguro para las niñas y las adolescentes migrantes.
La migración no es una opción, sino una necesidad para millones de personas que huyen de situaciones extremas. En el caso de las niñas y las adolescentes se trata de una huida de la que no deberían ser responsables, pero que la sociedad tiene la obligación de acompañar y proteger.
El derecho a una vida digna y libre de violencias no puede ser negociable para ninguna niña y adolescente, independientemente de su origen o su situación migratoria. Exigir su protección no es solo un imperativo ético, es una inversión en un mundo más justo, equitativo y humano. México tiene la oportunidad de hacerlo mejor, de fortalecer un sistema que las proteja y las escuche.
*INSTITUTO PARA LAS MUJERES EN LA MIGRACIÓN, AC (IMUMI).
