Por: Dra. Gabriela Yolanda Castañón García y Juan Carlos Garcia Chávez
En las últimas décadas, en México se ha avanzado significativamente en la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+. En gran parte, ello es el resultado de años de lucha constante de varios colectivos de la sociedad civil. Estos esfuerzos han logrado incidir en los marcos normativos, tanto a nivel federal como a nivel subnacional, en áreas como el derecho al matrimonio igualitario, la adopción homoparental, la identidad de género y la seguridad social, entre otros.
Sin embargo, es importante conocer cómo se vislumbra el panorama actual para garantizar los derechos y libertades de la comunidad LGBTQ+, tanto en términos de legislación como en la generación de políticas públicas que aseguren el cumplimiento efectivo de estos derechos.
La CDMX fue la primera entidad en aprobar el matrimonio igualitario en 2009, sirviendo de ejemplo para otras entidades que también modificaron sus marcos normativos, los cuales, hasta entonces, reconocían el matrimonio únicamente como la unión entre «un hombre y una mujer». Aun así, no todos los estados adoptaron estas modificaciones de inmediato, a pesar de las declaraciones favorables de la Suprema Corte de Justicia.
Hoy en día, el matrimonio igualitario es legal en todo el país y cada vez existen menos obstáculos para la realización de este acto jurídico.
La adopción homoparental es un derecho que se está conquistando progresivamente, únicamente en la CDMX, Coahuila, Campeche, Colima, Morelos, San Luis Potosí, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato y Baja California Sur está explícitamente avalado en sus leyes; es decir en solo diez de las 32 entidades federativas del país. Sin embargo, en casos como el del estado de Hidalgo, aunque el término «adopción homoparental» no esté señalado dentro de la normatividad, en muchos casos se resuelve por la vía de la judicialización, al no existir impedimento legal para que una pareja homoparental inicie el procedimiento de adopción.
Es decir, en caso de la negación de adopción homoparental, se puede recurrir a la vía judicial para reclamar este derecho, apoyándose en la jurisprudencia publicada por la Suprema Corte de Justicia en 2017, que protege el derecho a la vida familiar de parejas del mismo sexo, esto se pude hacer en cualquier entidad del país.
La identidad de género es otro derecho que parece ganado dentro de los ámbitos legislativos, el camino lo inició también la ciudad de México en 2015, convirtiéndose en la primera capital latinoamericana en lanzar una campaña para que la población LGBTQ+ realizará cambios de identidad de género en su acta de nacimiento.
A la fecha suman alrededor de veinte entidades federativas que se han sumado a la creación y aprobación de leyes en favor de este derecho, mismo que consiste en que cualquier persona que no se sienta identificada con el género que le fue asignado en su acta de nacimiento pueda expedir nuevamente sus documentos oficiales con otro nombre de pila y el género con que se identifique.
En el estado de Hidalgo fue hasta el 2019 cuando los legisladores locales aprobaron el dictamen que reformó la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, con lo cual se hizo posible realizar el cambio de nombre y género en las actas de nacimiento.
Además en noviembre de 2022, el congreso local aprobó reformas para reconocer jurídicamente a personas no binarias mayores de 18 años, con un trámite administrativo y gratuito, siendo el primer estado que reconoce a personas no binarias.
A pesar de estos avances, la comunidad LGBTQ+ en México sigue enfrentando desafíos significativos, como la discriminación y la violencia, problemas graves que persisten, especialmente en las regiones más conservadoras del país, como los estados de Guanajuato, Chihuahua y Durango.
Los crímenes de odio contra personas LGBTQ+ son una realidad en nuestros días, que exige respuestas más contundentes por parte de todos los niveles de gobierno. El avance legislativo es notable, pero en términos de políticas públicas, aunque se han implementado programas y campañas de sensibilización, la ejecución y alcance de estas iniciativas son desiguales, se quedan cortas frente a la problemática que incluye la falta de empatía, y discriminación que sufre la comunidad LGBTQ+.
Es necesario que el gobierno federal y los gobiernos locales redoblen esfuerzos para garantizar que los derechos conquistados en la legislación se traduzcan en cambios reales y tangibles en la vida cotidiana de todas las personas independientemente de su preferencia sexual e identidad de género.
Legislar en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+ es un paso determinante hacia un país más incluyente. Sin embargo, esto es solo el primer paso; es necesario crear políticas públicas que aseguren que estos derechos no se queden solo en papel, sino que se traduzcan en acciones concretas que lleven a un progreso positivo para la comunidad, protegiéndola de situaciones de violencia, injusticia, odio o de cualquier tipo de discriminación por razón de género.
En 2019, se presentó una iniciativa de ley que establecía la creación del Instituto Nacional de la Diversidad Sexual, pero no fue aprobada, aunque contar con una institución con capacidad técnica y ciertas atribuciones puede servir como una vía para traducir todas las leyes y los derechos en acciones concretas para el bienestar de la comunidad.
Un tema de gran relevancia son los crímenes de odio que se cometen en el país diariamente, Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT, del año 2020 a 2024, se han registrado 237 asesinatos en México.
Un caso notorio fue el asesinato de Ociel Baena Saucedo quien fue magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Tras su muerte diversos actores de la sociedad civil, exigieron castigar los discursos de odio y que se cataloguen como tal durante las investigaciones de crímenes. Todo ello llevó a la creación de la Ley Osiel Baena que busca prevenir y castigar los crímenes de odio en México, el congreso de Puebla fue el primero en sumarse a esta iniciativa en noviembre de 2023 y en el Estado de Hidalgo se aprobó esta ley en julio del 2024.
Además, en el 2024 se suman otras acciones en pro de los derechos de la comunidad LGBTQ+, como la iniciativa de la diputada Tania Meza Escorza, quien presentó ante el pleno del Congreso de Hidalgo una iniciativa que reforma la Ley para la Familia en la entidad, y busca que menores de 18 años de edad puedan cambiar de género y no esperar la mayoría de edad como lo establece la actual legislación. De esta manera las personas que no se sientan identificadas con el género asignado al nacer puedan hacer cambios en sus documentos oficiales, al género que ellos decidan.
En síntesis, México ha logrado avances significativos en la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+ gracias a años de lucha de activistas, colectivos y grupos parlamentarios. La Ciudad de México, principalmente, ha abierto camino en temas como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la identidad de género, estableciendo precedentes legales que se han expandido progresivamente en todo el país.
A nivel de políticas públicas, aunque existen diversas iniciativas y programas, su implementación es desigual y limitada frente a la magnitud de los problemas. Para asegurar que los derechos ganados se traduzcan en cambios reales, es fundamental que el gobierno federal y los gobiernos locales trabajen en políticas públicas eficientes y de alcance amplio. Esto no solo impactaría en los derechos de la comunidad LGBTQ+, sino que también fortalecería la justicia y la inclusión social.
* Dra. Gabriela Yolanda Castañón García- Profesora Investigadora, COLEGH.
** Juan Carlos Garcia Chávez -Estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política,
* Derechos ganados y derechos pendientes de la comunidad LGBTQ+
Políticas para su inclusión
