El Congreso estatal aprobó una reforma al artículo 23 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, con el propósito de que las autoridades estatales y municipales garanticen la seguridad de los menores que visitan los centros penitenciarios para ver a sus familiares en reclusión.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Karla Perales Arrieta, explicó que el objetivo principal de la reforma es proteger el bienestar emocional de este sector de la población.
Ante este decreto se establece que las autoridades penitenciarias deberán implementar protocolos de actuación y prevención para garantizar la seguridad física y psicológica de los menores que acuden a los centros de reclusión a visitar a sus familiares.
La legisladora Perales Arrieta destacó que los niños en esta situación son vulnerables a tener problemas de salud física y mental. Además externó que son estigmatizados por ser hijos de personas privadas de la libertad.
Dijo que los menores que tienen familiares directos en prisión suelen padecer estrés, lo que puede derivar en problemas emocionales, académicos, de salud o económicos.
De acuerdo con la organización REINSERTA, el 67 por ciento de los menores que han visitado a un familiar en prisión han presenciado motines o riñas, el 71 por ciento ha estado expuesto a un lenguaje inadecuado, el 45 por ciento ha sido sometido a revisiones bruscas durante cateos, y el 11 por ciento ha sido víctima de acoso o maltrato por parte de otros internos o del personal de seguridad.
«La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que las autoridades penitenciarias deben colaborar con las instancias corresponsables para garantizar las condiciones adecuadas de vida para los menores», puntualizó.
