El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, impartió una conferencia sobre la investigación del delito de lavado de dinero desde la perspectiva local y en la que enfocó la necesidad de reformar la Ley Antilavado de Dinero.
El evento tuvo lugar en el Instituto de Formación Profesional (IFP) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
Corral Jurado explicó que el lavado de dinero es el proceso de ocultar, disfrazar o integrar en el sistema financiero bienes o fondos obtenidos de actividades ilícitas, con el propósito de hacerlos parecer legítimos.
Detalló que estos recursos provienen de delitos como narcotráfico, corrupción, trata de personas, secuestro, piratería y extorsión, entre otros, lo que fortalece a los grupos criminales y facilita la comisión de más ilícitos.
El legislador destacó la necesidad de establecer medidas legales para detectar, prevenir, investigar y sancionar dicho ilícito. Además señaló que este tema forma parte de los ejes transversales del Plan Anticorrupción presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El exgobernador de Chihuahua anunció que presentará una iniciativa para actualizar la Ley Antilavado de Dinero, con el objetivo de reforzar el monitoreo sobre quién controla o se beneficia de las transacciones financieras y buscará evitar que organizaciones sean utilizadas para financiar actividades ilícitas.
Dijo que la propuesta también incluirá la supervisión de transacciones ocasionales y la obligación de documentar la identidad de los beneficiarios finales. Además se ampliará la lista de actividades vulnerables, incorporando el desarrollo inmobiliario y la comercialización de activos virtuales o criptomonedas.
El integrante de la Cámara Alta explicó que se fortalecerá la vigilancia sobre los servicios de fe pública y funciones notariales y se establecerá la obligación de auditorías internas o externas en instituciones consideradas de alto riesgo.
En la ponencia estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, personal de la PGJEH, diputados locales, así como consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEEH) y del Tribunal Electoral del estado (TEEH).
