La lucha por la igualdad de género en el ámbito laboral ha sido una demanda constante en México y el mundo. En este contexto, la Reforma Laboral de 2019 representó un paso significativo para garantizar la representación proporcional de genero a fin de avanzar en la construcción de la democracia en la representación sindical. Sin embargo, a pesar de estos avances normativos, las trabajadoras continúan enfrentando barreras estructurales que limitan su acceso a cargos de representación.
En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos resulta clave analizar los efectos de esta reforma en la democratización sindical y los desafíos que persisten para lograr una participación paritaria. ¿Realmente ha cambiado el panorama para las mujeres en los sindicatos? ¿Qué obstáculos siguen enfrentando en la lucha por espacios de liderazgo sindical? Este artículo trata de examinar los alcances y limitaciones de la Reforma Laboral de 2019 en la construcción de un sindicalismo más inclusivo e igualitario.
Esta reforma representó un cambio importante para construir una nueva justicia laboral en la legislación laboral, con el objetivo de democratizar los sindicatos, erradicar la corrupción y garantizar la igualdad de género en los espacios de representación sindical, entre otros temas. Este conjunto de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) buscó alinear la normativa mexicana con los compromisos internacionales en materia de derechos laborales, como el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exigen mayor transparencia y protección a las personas trabajadoras de violencia y discriminación, haciendo énfasis en las trabajadoras.
Entre los temas que incluía esta Reforma están la prohibición de la injerencia de las autoridades y patrones en la vida de los sindicatos; se creó un Centro Nacional de Conciliación con oficinas en las 32 entidades federativas; se reconocieron los derechos fundamentales de las trabajadoras del hogar; se incorporaron sistemas informáticos para agilizar los juicios laborales; y se fortalecieron los sistemas de justicia laboral y negociación colectiva.
Uno de los cambios más relevantes en materia de igualdad fue la incorporación de la representación proporcional en razón de género en una ruta hacia el principio de paridad en la integración de las directivas sindicales. Según el artículo 371 de la LFT, los estatutos sindicales deben reformarse para asegurar que las trabajadoras tengan acceso a cargos de liderazgo y que los procesos de selección sean democráticos y libres de discriminación
En este sentido, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) ha sido clave para supervisar que los sindicatos cumplan con estas disposiciones, garantizando que las elecciones sindicales sean auténticas y que garanticen la participación igualitaria de las trabajadoras para asegurar que su voz sea tomada en cuenta en las negociaciones laborales. Además, la reforma estableció mecanismos que buscan evitar prácticas de violencia y discriminación.
Otro aspecto fundamental es la exigencia de legitimación de los contratos colectivos de trabajo mediante voto personal, libre, secreto y directo de las y los trabajadores. Este mecanismo tiene el potencial de dar voz a las trabajadoras, empoderarlas y que su presencia sea efectiva en los procesos de negociación que antes quedaban en manos de dirigencias dominadas por hombres.
Sin embargo, la implementación de estas medidas ha enfrentado diversos desafíos. La resistencia de estructuras sindicales tradicionales, donde históricamente los liderazgos masculinos han predominado, ha ralentizado el proceso de cambio. Además, la falta de sanciones claras para quienes incumplen con las disposiciones de paridad sigue siendo un obstáculo para la plena participación de las mujeres.
La realidad sigue mostrando una baja representación femenina en las dirigencias sindicales. Factores como la carga de los cuidados familiares, que es un trabajo no remunerado, la desigualdad salarial y la persistencia de estereotipos de género continúan limitando la participación y el acceso de las mujeres a estos espacios. La utilización del tiempo es otro factor importante a considerar ya que la liberación de este para las trabajadoras será fundamental para generar las oportunidades y participar activamente en la vida personal y sindical. Entre las prácticas discriminatorias que aun enfrentan las trabajadoras, está que les siguen cuestionando su capacidad para liderar, lo que desalienta su postulación a cargos sindicales.
Otro desafío importante es la falta de incentivos y apoyo institucional para que más mujeres se involucren en los sindicatos. Muchas organizaciones carecen de programas de formación y sensibilización sobre igualdad de género, lo que perpetúa la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones. Asimismo, en algunos casos, las reformas estatutarias para garantizar la paridad de género han sido implementadas de manera superficial, sin generar cambios reales en la distribución del poder dentro de los sindicatos.
A pesar de estas barreras, en los últimos años han surgido ejemplos alentadores de mujeres que han logrado ocupar cargos de representación sindical y han impulsado agendas de igualdad dentro de sus gremios. En sectores como la educación, la salud y algunas empresas del sector automotriz las mujeres han ganado mayor presencia en las dirigencias sindicales, promoviendo demandas clave como la eliminación de la brecha salarial, el respeto a los derechos de maternidad y la erradicación del acoso laboral.
Si bien la Reforma Laboral de 2019 sentó las bases para una mayor participación de las trabajadoras en los sindicatos, aún falta mucho por hacer para que la igualdad de género sea una realidad. Es fundamental seguir promoviendo la capacitación en liderazgo sindical para mujeres y generar redes de apoyo que impulsen su participación en estos espacios.
El sindicalismo incluyente no solo beneficia a las mujeres trabajadoras, sino que también fortalece la lucha por mejores condiciones laborales para toda la clase trabajadora. La igualdad de género en los sindicatos es un principio de justicia social, necesario para construir representaciones más democráticas y efectivas en el mundo laboral.
