Carlos y Jonathan, jóvenes detenidos durante la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer e imputados por lesiones, ultrajes y sedición, obtuvieron la suspensión condicional del proceso tras una audiencia ejercida este viernes en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca.
El juez de control, Raúl González Becerra, autorizó su libertad bajo varias condiciones. Por ambos imputados deberán pagar 50 mil pesos por concepto de reparación del daño a las cuatro víctimas, cantidad que deberá ser cubierta en un plazo de 24 meses, de abril de 2025 a abril de 2027, proporcionar un domicilio fijo.
Además de ofrecer una disculpa pública, firmar periódicamente, someterse a la vigilancia de la Unidad de Medidas Cautelares por un periodo de dos años y abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas durante ese tiempo.
Tras más de tres horas después de la sesión, Carlos y Jonathan salieron del Centro de Reinserción Social (Cereso), donde reiteraron su disculpa pública ante los medios de comunicación y aseguraron que durante su proceso estuvieron en contacto con sus familias y abogados.
“Es una experiencia que no se le desea a nadie, fue una lección muy fuerte para dos chavos de 23 y 24 años, creo que con esto aprendimos”, expresó uno de ellos al salir.