Arturo Gil Borja, representante legal en el proceso de cobro de laudos laborales a favor de 24 extrabajadores del municipio de Singuilucan por un monto de 21.4 millones de pesos, solicitó la intervención “urgente” del gobernador Julio Menchaca Salazar, a través de un documento entregado el 25 de abril.
El escrito también está dirigido al Congreso Estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y más dependencias gubernamentales.
En el, acusa a la actual presidenta municipal, Yasmín Dávila López, de intimidaciones, victimización y revictimización en contra de los extrabajadores y del propio representante legal.
“Se dedicó a denostar a los extrabajadores manifestando que son saqueadores y vividores, que intentan despojar al municipio de su patrimonio, cuando lo único que han hecho es solicitar el pago justo del adeudo que una institución tiene con ellos”, relata.
Gil Borja también denunció amedrentamientos, ataques en redes sociales, y expresó preocupación por su seguridad y la de su familia, así como la de los extrabajadores, por lo que reiteró la petición de que el mandatario Menchaca intervenga.
“Me preocupa aún de mayor manera, la seguridad y paz de los extrabajadores municipales, quienes tienen que soportar el odio creado por este servidor público, en contra de ellos y sus familias, esperando se evite un incidente que tenga consecuencias irreparables”.
Explica que su participación en el caso inició hace algunos meses tras el fallo ejecutorio de los laudos laborales, buscando inicialmente un diálogo con el entonces presidente municipal Miguel Taboada, quien no respondió.
Posteriormente, aseguró que, durante el proceso electoral de 2024, la ahora presidenta Yasmín Dávila, a través de su hermano Gabriel, buscó a los extrabajadores para establecer diversas citas en las que se les solicitó el voto a cambio de pagar la deuda.
Sin embargo, una vez electa, se negó a cumplir el compromiso, argumentando que los laudos no correspondían a su administración.
Ante la falta de cumplimiento, los extrabajadores promovieron un Juicio de Amparo ante el Tribunal Burocrático Local, que resolvió a su favor, ordenando el embargo de cuentas y bienes municipales para garantizar el pago de los adeudos laborales.
Por otro lado, la alcaldesa Yasmín Dávila López llevó a cabo una reunión pública en la que informó que el ayuntamiento inició un proceso de nulidad del embargo impuesto para el pago de los laudos.
La edil explicó que de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal los bienes destinados al servicio público son inembargables, así como las participaciones municipales establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal.
Dávila López, anunció que se está preparando una denuncia penal por abuso de autoridad y violación de derechos procesales en contra del Tribunal de Arbitraje, institución que, señaló, actuó de manera irregular y arbitraria en el proceso de embargo contra el municipio.
“Que le quede claro a Arturo Gil Borja, que en Singuilucan no toleraremos ni un abuso más, a nuestro patrimonio no se le toca”.
