Por unanimidad, los diputados de la 66 Legislatura avalaron el dictamen que abroga el arancel a abogados y profesionales jurisdiccionales, el cual fue promulgado el 24 de abril de 1942, sin embargo se encontraba desactualizado al no ser congruente con la realidad económica y jurídica actual.
De acuerdo con Lizbeth Irais Ordaz, diputada de Morena e impulsora de la iniciativa, indicó que dicha revocación era una medida necesaria para garantizar un marco normativo moderno, eficaz y acorde a los principios de seguridad jurídica.
Dijo que la norma arancelaria generó que el ejercicio de la abogacía tuviera una retribución insuficiente, por ejemplo para la vista o lectura de documentos o expediente de cualquier clase, al no pasar de 25 fojas se cobraban diez pesos y 25 centavos en caso de exceder el mismo número de fojas.
En el caso de una conferencia o consulta verbal en el despacho del abogado, eran cinco pesos por hora o fracción. Mientras que cada consulta por escrito se cobraba desde cinco hasta cincuenta pesos.
Ordaz Islas aseguró que la supresión de esta norma contribuirá a la normalización del sistema legal y la consolidación de un ejercicio profesional flexible y efectivo en beneficio de abogados y ciudadanos.
La diputada del partido guinda refirió que esta norma ha dejado cumplir con los fines por los que fue creada y que actualmente representa una limitación jurídica, operativa, constitucional para el libre ejercicio de la abogacía.
La presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, externó que inicialmente se buscó establecer tarifas mínimas para garantizar que los servicios de los juristas fueran retribuidos con justicia en un entorno cuando no existía la contratación formal o convenios de honorarios.
Puntualizó que el estado sigue manteniendo sus mecanismos de protección como la defensoría pública, los servicios legales gratuitos o la posibilidad de demandar la nulidad de contratos.
