La diputada de Nueva Alianza, Mónica Leanett Reyes, dio a conocer que presentará una solicitud para que se inicie el proceso de juicio político en contra del presidente municipal de Epazoyucan, Carlos Montaño Rodríguez, al señalar que ha cometido faltas graves que afectan el funcionamiento del ayuntamiento, dañando los derechos de cinco regidoras y un regidor.
Además, exhortó a diversas autoridades para que investiguen, prevengan y sancionen posibles actos de violencia política en razón de género, nepotismo, corrupción y desobediencia a los acuerdos del cabildo.
El llamado fue dirigido a la Secretaría de Contraloría del estado, a la Auditoría Superior del estado (ASEH), al Tribunal de Justicia Administrativa del estado (TJA), a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEH).
Reyes Martínez explicó que existe una denuncia formal presentada y radicada con la causa penal 916/2025 interpuesta por una asambleísta, la cual señala al presidente municipal por agredir sus derechos político-electorales, ya que el día de la instalación del cabildo, ella no pudo presentarse a la sesión, debido a que estaba dando a luz, sin embargo, cuando pudo presentarse a las demás sesiones el alcalde se negó a tomarle protesta.
De acuerdo con la legisladora se han documentado diversas denuncias por presuntos asuntos de corrupción, nepotismo y aviadores como la contratación de la Contraloría Municipal, el director de Obras Públicas quien cuenta con antecedentes penales por desvíos de recursos, además de irregularidades en la nómina, plantilla de personal con nombres inexistentes, entre otros.
La diputada del Panalh expuso que existe la alteración de bitácoras de combustible, eventos públicos con sobrecosto, adquisición de pipas de agua a precios inflados y omisión de obligaciones fiscales ante la Secretaría de Hacienda por manejo de recursos federales, cuyos hechos se encuentran documentados en los oficios dirigidos a la Secretaría de Contraloría y a la Auditoría Superior del estado (ASEH).
La legisladora informó que el alcalde ha hecho comentarios descalificativos y discriminatorios contra las demandantes, acusándolas de no ser fieles al proyecto de la cuarta transformación y responsabilizándolas del rezago municipal, lo que consideró contrario a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Explicó que las funciones del Congreso local consisten en vigilar el funcionamiento correcto de los ayuntamientos y proteger los derechos político electorales de las y los ciudadanos.
