Con el objetivo de conceptualizar y delimitar el ejercicio de la fuerza pública, el diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza, presentó una reforma a la Ley de Seguridad Pública del estado.
Mediante dicha iniciativa se busca garantizar la protección a los derechos humanos, evitar abusos de autoridad, asegurar que el uso sea legítimo y proporcional.
El legislador explicó que, una definición precisa ayuda a establecer límites y responsabilidades claras para los cuerpos policiacos o de seguridad, previniendo el uso arbitrario y promoviendo la confianza de la ciudadanía.
Dijo que se trata de establecer límites al uso de la fuerza pública, previniendo su aplicación arbitraria o excesiva por parte de cualquier agente de seguridad, responsabilizando a quienes excedan sus facultades.
“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley necesitan saber cuándo y cómo pueden usar la fuerza de manera legal y segura al establecer procedimientos y protocolos, ello es esencial para un sistema de seguridad efectivo e integral”, señaló.
Mendoza Bustamante explicó que la fuerza pública son las instituciones estatales encargadas de mantener el orden público, la seguridad ciudadana y la defensa del territorio, es el brazo armado encargado de proteger a la ciudadanía para prevenir el delito y proteger a la ciudadanía tanto en tiempos de paz como en situaciones de emergencia.
Además, aseguró que el uso excesivo de la fuerza, la brutalidad policial, la impunidad, la corrupción y la falta de profesionalización, pueden prevenirse mediante reformas constitucionales, capacitación adecuada, mecanismos de control y rendición de cuentas.