Columna Síntesis
En los siguientes días presenciaremos la unión de instituciones educativas de todo el país, organizaciones civiles, gobiernos estatales, secretarías federales, instancias del Poder Judicial, Congresos Locales, Comisiones de Víctimas, Comisiones de Búsqueda de Personas de los estados y desde luego, Comisiones y Defensorías locales de Derechos Humanos para la difusión de la Campaña Nacional “México sin tortura”, convocada por la Secretaría de Gobernación, con el propósito de impulsar la prevención, investigación, sanción y reparación integral en estos casos. Este esfuerzo se construye sobre la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, que establece sanciones penales, prevé protocolos homologados y exige atención especializada a las víctimas (SEGOB, 2020).
La Convención contra la Tortura define este crimen como el acto por el cual cualquier funcionario público inflige deliberadamente graves sufrimientos físicos o mentales con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal; como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, por razones basadas en discriminación, o cualquier otro fin cuando: Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico, cuando cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, o realice procedimientos médicos o científicos en una persona si su consentimiento legalmente otorgado. Las víctimas sobreviven con secuelas profundas: trastorno por estrés postraumático, depresión, miedo constante, aislamiento social e incluso intentos de suicidio (ONU, 2024).
Originalmente, desde 1997, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 26 de junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, para conmemorar la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura (26 de junio de 1987). La tortura no es un asunto de otros países; sucede aquí. El ejemplo emblemático de Valentina Rosendo Cantú, víctima de tortura sexual a manos del Ejército, sentó un precedente ante la Corte Interamericana en 2010, obligando al Estado mexicano a reformar el fuero militar.
Más recientemente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), presidida por Ana Parra, emitió una Recomendación correspondiente a un caso de tortura, acto que marca un precedente en la historia de la entidad, por ser la primera investigada y emitida por la Unidad Especializada de Investigación en Tortura (UNIT). La Recomendación R-TB-0007-24 puede consultarse a través de cdhhgo.org; en este caso se pudieron comprobar hechos de maltrato físico y psicológico que constituyeron tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en agravio de una mujer transgénero privada de su libertad, que a la fecha se encuentra en el Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo.
Hay que denunciar.
La denuncia impulsa mecanismos que protegen a las víctimas, activan protocolos y ayudan a prevenir abusos futuros. La impunidad no solo consiente, sino que perpetúa la violencia institucional. Transformar este paradigma exige una cultura de “cero tolerancia” a la tortura, para garantizarlo es fundamental la capacitación continua y permanente a servidores públicos de todos los niveles y desde luego, el seguimiento y señalamiento ciudadano.
Por último, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se encarga de recibir información por parte de personas privadas de la libertad, de sus familiares, organizaciones de la sociedad civil o de cualquier persona, en la que se denuncien hechos constitutivos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; puede usted comunicarse directamente a los números:
55-56818125 Ext. 1232, 1553, 1555 y 1686; asi como al 089 Denuncia anónima.
