Por unanimidad, el Congreso estatal aprobó reformar el artículo 322 del Código Penal del estado en materia de delitos cometidos por servidores públicos en la procuración y administración de justicia.
La diputada Lizbeth Irais Ordaz señaló que se impondrán de tres a ocho años de prisión a quien altere, modifique, oculte, destruya, pierda o perturbe el lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, numerario, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo o el procedimiento de cadena de custodia tratando de favorecer al imputado.
Además dijo que se amplía el alcance de la norma para incluir a todos los actores institucionales, cuya acción u omisión pueda comprometer la justicia.
Ordaz Islas indicó que se elimina la exigencia anticipada de dolo, con base en los principios de legalidad y seguridad jurídica conforme a lo establecido en los códigos Penal del estado y Nacional de Procedimientos Penales.
La legisladora explicó que la iniciativa se inscribió en respuesta a una necesidad real, comprobada y urgente, con el fin de cerrar vacíos legales que han permitido a servidores públicos vinculados en la procuración e impartición de justicia cometan actos contrarios a la ley.
La presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales precisó que la iniciativa se elaboró con base en argumentos técnicos y jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH), la Dirección General de Estudios Legislativos del Despacho del Gobernador y el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso estatal.
“Esta medida no es en contra de servidores públicos, sino en favor de quienes lo ejercen con integridad y vocación. Existen servidores públicos honestos y que merecen leyes que fortalezcan su trabajo”, señaló.
