El diputado local y presidente del PRI en el estado, Marco Mendoza, señaló que pedirá a la Secretaría de Cultura Federal la destitución del delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Osvaldo Sterpone, por el retiro del titulo de Huapalcalco como Zona de Monumentos Arqueológicos (ZMA).
El diputado cuestionó que la labor del delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Osvaldo José Sterpone, al no atender sus exhortos, dijo que le ofreció su apoyo y ayuda, así como la gestión de financiamiento para pagar algunos asuntos, pero no obtuvo respuesta.
Dijo que al reunirse con Sterpone y con el ex director nacional del INAH, Diego Prieto, la conducta del delegado de Hidalgo fue defensiva y no hubo acuerdos.
Recordó que el decreto como Zona Arqueológica es un suceso que en Tulancingo «se había soñado» durante mucho tiempo, sin embargo cuestionó que no se hiciera caso a lo que firmó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin que se hiciera un plan de intervención.
Además señaló que buscará sumarse al nuevo proceso para una nueva declaración de la zona. Se consideró un aliado de Tulancingo y de la zona milenaria: “hace algunos años el Consejo Hidalguense de la Crónica me concedió el que para mí ha sido un gran honor ser cronista, no solo en Huapalcalco en varios de mis textos escritos ha sido el interés que me ha llevado a buscar recursos cuando fui diputado federal y como diputado local”.
Recientemente la Asociación Niebla y Tiempo dio a conocer que un tribunal colegiado de circuito emitiera un fallo judicial en el que se ordena a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, revocar el decreto presidencial realizado el 5 de junio de 2023 por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La sentencia se emitió luego de que un particular argumentara, mediante un juicio de amparo indirecto con número 1203/2023-3, que parte de las 20 hectáreas que comprende el polígono del lugar son de su propiedad y habían sido consideradas zona arqueológica sin su consentimiento, cuando el terreno protegido comprendía originalmente de 11 hectáreas de propiedad pública.
Sin embargo, actualmente la revocación del decreto es analizada por un tribunal de circuito tras una impugnación realizada por la dependencia federal mediante un recurso de revisión.
