Con el objetivo de fortalecer las sanciones administrativas contra servidores públicos responsables de faltas graves, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Francisco Javier Téllez Sánchez, presentó una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado, destinada a garantizar justicia, transparencia y confianza ciudadana.
El legislador explicó que la iniciativa contempla la prohibición permanente para ocupar cargos públicos y participar en arrendamientos o adquisiciones cuando el daño patrimonial supere los montos especialmente altos que determine la ley.
Asimismo, establece inhabilitaciones temporales proporcionales al monto del daño: de uno a diez años cuando este no exceda 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y de diez a veinte años cuando lo supere.
Téllez Sánchez subrayó que la reforma busca asegurar que el servicio público se ejerza con plena responsabilidad y con un impacto real en la protección de los recursos de la ciudadanía.
El diputado recordó que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) reportó en la Cuenta Pública 2023 un monto pendiente por solventar de 346 135 395 pesos, derivado de errores, omisiones, deficiencias en controles internos, registros no debidamente comprobados y fallas en transparencia; este monto se distribuye entre el Poder Ejecutivo, los municipios, organismos descentralizados y entidades paraestatales.
A estas cifras se suman 180 sanciones administrativas aplicadas por la Contraloría estatal durante la presente administración, así como 103 multas impuestas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Datos Personales del estado (ITAIH) a servidores públicos por incumplimientos reiterados en materia de transparencia.
“Esta es una oportunidad para que el Congreso demuestre que legisla con justicia, con firmeza y con dignidad”, afirmó el diputado.
