Con 25 votos a favor y cero en contra, los integrantes de la 66 Legislatura del Congreso de Hidalgo aprobaron el dictamen con el que se armonizan diversas disposiciones de la Constitución del estado con la Carta Magna Federal en materia de no reelección y nepotismo electoral.
Se trata de la modificación a los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Mexicana para evitar que se reelijan legisladores, alcaldes, síndicos y regidores a partir del 2030.
La legisladora de Morena, Cynthia Citlali Delgado, destacó que el objetivo recae en evitar la reelección inmediata, así como la postulación de personas con vínculos familiares cercanos con quienes ocupan cargos de elección popular
Explicó que para ser diputado se requiere no tener o haber tenido en los últimos años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato, unión de hecho o parentesco, consanguinidad o unión civil.
Las personas propietarias de las diputaciones locales no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato, sin embargo sucederá lo contrario para las diputaciones suplentes para el periodo inmediato con el carácter de prioritarios.
Mientras que para ejercer como titular del Poder Ejecutivo se requiere no haber tenido en los tres años previos al día de la elección vínculo de matrimonio, concubinato ni parentesco, aplicando el mismo criterio para la elección de cargos edilicios.
La legisladora señaló que con esta aprobación se pretende garantizar que los principios de alternancia y equidad de las contiendas electorales sean los ejes fundamentales de la vida democrática del estado.
Dijo que al eliminar la reelección inmediata, permitirá evitar la consolidación de “cacicazgos” locales y la monopolización de los espacios de representación, asegurando que la ciudadanía tenga la oportunidad de evaluar diferentes propuestas y perfiles en cada proceso electoral.
Dicha reforma constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el primero de abril de este año y fue promovida por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada por el Congreso de la Unión.
El diputado del PRI, Marco Antonio Mendoza, cuestionó que el dictamen sea efectivo a partir del 2030, por lo que propuso que fuera a partir del 2027 con el fin de ser congruentes, pero el grupo parlamentario del tricolor votó a favor de dicha propuesta.
Su homóloga del Partido del Trabajo, Orquídea Larragoiti Osorio, puntualizó que con esta reforma se cerrarán la puerta a la corrupción y se evitará que los parientes de quienes ocupan cargos públicos sigan aprovechándose del esfuerzo del pueblo.
