El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, informó que tras las lluvias torrenciales registradas recientemente en la entidad, las cuales provocaron severas afectaciones en diversos municipios, hay comunidades que ya no podrán ser habitadas. Una de ellas es Chapula, en el municipio de Tianguistengo.
“Ya no hay gente en la comunidad, porque se construyó en lo más planito, que es la ribera del río; les llegó el agua y se lo llevó todo. Ya no hay casas”, expresó el mandatario.
Menchaca señaló que, de ser necesario, el gobierno estatal adquirirá predios para reubicar a las familias afectadas. Agregó que también se cuenta con terrenos donados con un propósito específico que no se cumplió, y que ahora forman parte del patrimonio estatal.
“Y si no hubiera del gobierno, vemos de quién sí”, añadió.
Durante una conferencia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se anunció que las viviendas ubicadas en zonas de riesgo, como cauces de ríos o laderas, serán consideradas dentro de una estrategia de reubicación, la cual será coordinada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para trasladar a las familias a lugares seguros.
Gobierno estatal cuenta con 685 millones para atender desastres
El gobernador negó que su administración vuelva a contratar un seguro catastrófico, como los utilizados en anteriores gestiones. Explicó que ahora se cuenta con un fideicomiso para emergencias, el cual asciende a 185 millones de pesos, además de 500 millones más dispuestos por el propio gobierno del estado.
El último seguro contratado tuvo un monto de 600 millones de pesos, con un costo de 145 millones y 200 millones en deducibles. Sin embargo, para hacerlo válido era necesario contar con una declaratoria de emergencia y cumplir con procesos burocráticos que retrasaban su uso, motivo por el cual se sustituyó por el fondo actual.
Además, Menchaca reveló que existe una carpeta judicializada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) relacionada con un seguro catastrófico contratado durante la administración anterior. Dicho seguro cubría 116 millones de pesos, de los cuales solo 16 millones fueron entregados al gobierno estatal, mientras que 100 millones se transfirieron a una empresa privada.
“Es una cuestión totalmente anormal, por decirlo así… Entonces, en la entrega-recepción ya se integró la carpeta en la contraloría, se pasó a la procuraduría, y vamos a ver dónde se quedaron esos 100 millones”, señaló.
