Mujeres víctimas de violencia vicaria se manifestaron en las inmediaciones de los Juzgados Penales de Pachuca, acompañadas por integrantes de la colectiva feminista Mercadita Las Insurgentas, para exigir justicia y que las autoridades judiciales atiendan sus casos, los cuales —denunciaron— enfrentan impunidad y omisiones.
Señalaron que en muchos de estos procesos existe lentitud en las investigaciones, omisiones por parte de jueces, presunta corrupción e incluso influencia de los agresores, lo que ha frenado la judicialización de las carpetas.
Durante la manifestación, se desarrollaba una audiencia contra Gabriela Hernández Esparza, madre que lleva ocho años sin poder ver a su hija y que fue imputada por el delito de impago de pensión alimenticia por el juez de control Jesús Anim Ope Islas.
La imputación establece una deuda de 180 mil pesos, correspondiente al periodo comprendido entre 2017 y octubre de 2025.
Una de las manifestantes expresó:
“¿Cómo es que proceden sus denuncias tan rápido? Hay muchas mujeres que llevan años exigiendo una pensión y las ignoran completamente. Existe una desigualdad muy notoria.”
La colectiva Mercadita Las Insurgentas informó que actualmente brinda acompañamiento a al menos 30 casos relacionados con violencia vicaria, tentativa de feminicidio y violencia contra niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, recordaron que en Hidalgo existen más de 300 deudores alimentarios cuyos casos no han tenido avances significativos, por lo que exigieron al Poder Judicial actuar con perspectiva de género y garantizar los derechos de las víctimas.
