La jueza María Guadalupe González, del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, ordenó al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) embargar 512 mil 365.11 pesos de las prerrogativas del PRI, luego de que el partido perdiera un juicio laboral promovido por un exmilitante, derivado de la resolución dictada en el expediente 58/2024; sin embargo, el tricolor se amparó.
La secretaria ejecutiva Dulce Olivia Fosado Martínez expuso que el 3 de noviembre el IEEH recibió dicho oficio para ejecutar la medida, en el cual se precisa que el órgano debe emplear los mecanismos a su alcance como autoridad responsable de administrar los recursos públicos destinados a los partidos políticos.
Fosado Martínez señaló que la resolución establece que, al recibir financiamiento público para realizar sus actividades ordinarias, los partidos están sujetos a procesos de control, fiscalización y eventual ejecución de sanciones, conforme a lo que marca la legislación electoral y los criterios del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Justificó que el artículo 17 constitucional obliga a todas las autoridades a acatar las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, lo que garantiza la colaboración institucional entre poderes.
Se amparan trabajadores del tricolor para evitar afectación a sus salarios
El representante del PRI, Federico Hernández Barros, informó que más de 20 trabajadores del partido promovieron un amparo y solicitaron una suspensión provisional, la cual fue concedida por un juez federal, con el fin de proteger sus salarios mientras se revisa la resolución por la parte juzgadora.
Detalló que estos juicios surgieron tras la salida de un grupo de exmilitantes del Revolucionario Institucional, quienes —a consideración del representante— reportaron salarios que no cobraban y actividades que no desempeñaban.
“Al afectar nuestras prerrogativas, se impacta el funcionamiento operativo del partido, perjudicando a los trabajadores, a las actividades cotidianas y hasta a los servicios básicos”, expresó.
Hernández Barros añadió que las demandas previas provienen de personas que fungían como exdelegados, entre otros cargos, quienes —sostuvo— no tenían derecho a salario, aunque lo argumentaron en sus denuncias.
