Durante casi cinco horas, el secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, presentó su comparecencia ante las y los integrantes del Congreso local como parte del análisis de la glosa del Tercer Informe del gobernador Julio Menchaca Salazar.
La sesión se realizó en la Sala de Diputación Permanente, donde el funcionario informó que siete servidores públicos fueron inhabilitados luego de que como parte del programa Jornadas por la Paz, mujeres víctimas de violencia han denunciado públicamente actos de corrupción e incumplimientos por parte de servidores públicos.
Olivares Reyna informó que estas denuncias han derivado en diversas sanciones administrativas, entre ellas la destitución de tres ministerios públicos, un subsecretario de Seguridad Pública, así como dos jefes de departamento del Instituto Hidalguense de las Mujeres.
Además, reveló que actualmente existen tres procedimientos administrativos en curso contra servidores públicos del Poder Judicial del Estado.
“Existen conductas arraigadas, vicios que venimos arrastrando de antaño, de hace 30 o más años que es menester extirpar”.
Como parte de esta política pública, detalló que, de septiembre de 2024 a agosto de 2025, se ha dado seguimiento a más de 300 casos de violencia contra mujeres, y que 106 mil recibieron atención integral mediante 460 mil servicios especializados, entre ellos asistencia jurídica, psicológica, médica y de trabajo social con una inversión de 204 millones de pesos.
También una reducción del 22.7 por ciento en la incidencia de feminicidios en el estado.
La comparecencia incluyó la participación de 18 diputadas y diputados. Entre ellos, la legisladora del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, calificó como “escueto” el informe presentado por la secretaría, al considerar que carecía de indicadores y estadísticas sobre los avances en sus distintas áreas.
Asimismo, cuestionó la atención a familias afectadas por las recientes lluvias, a lo que llamó “damnificados del huracán Priscila”. Olivares la corrigió y precisó que el fenómeno lleva por nombre “Vaguada Monzónica”.
La diputada solicitó información sobre el apoyo a los 28 municipios afectados y el uso de los 150 millones de pesos del fondo de desastres. En respuesta, Olivares explicó que esos sucesos ocurrieron después del periodo que abarca la glosa, por lo que los detalles se darán a conocer posteriormente “en algún momento”, aunque señaló que el gobierno ha difundido avances en redes sociales.
Debido a las obras de rehabilitación del salón de plenos, no se contó con una numerosa asistencia de acompañantes, sin embargo, se permitió el acceso a la Sala Permanente al secretario de Seguridad Pública del Estado, Salvador Cruz Neri, al encargado del despacho de la PGJEH, Francisco Fernández Hasbun, a la magistrada Rebeca Estela Aladro Echeverría y a la familia de Olivares Reyna.
