Con 26 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra, los integrantes de la 66 Legislatura local, aprobaron una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado, cuya iniciativa fue enviada al Poder Legislativo por el gobernador Julio Menchaca.
El diputado de Morena, Miguel Moreno, dijo que se trata de un mecanismo de modernización del sistema de contrataciones públicas, fortalecer la transparencia y garantizar un uso más eficiente y honrado de los recursos estatales, además de cerrar espacios de discrecionalidad y dar mayor certeza jurídica a los procedimientos de compra gubernamental.
El legislador dijo que se establece que ninguna empresa podrá competir por un contrato público si no está previamente registrada en el Padrón de Proveedores, cuyo registro dura dos años. Además se revisará que cumplan con requisitos fiscales, legales y administrativos.
En el caso de que una dependencia decida no hacer pública la licitación, deberá explicar por escrito por qué lo hace y alguien asumirá la responsabilidad a fin de evitar que se tomen decisiones sin sustento.
Moreno Zamora explicó que los organismos podrán usar el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo para hacer sus compras, implicando más control y ahorro de tiempo y dinero. La reforma fija en la ley el cobro por las bases de licitación, estableciendo montos regulados y transparentes, cuyo destino será el mejoramiento de los servicios públicos, eliminando la discrecionalidad en los costos administrativos.
De acuerdo con el legislador la iniciativa busca mejorar la forma en la que el gobierno estatal compra sus bienes y contrata servicios al señalar que había empresas que podían participar en licitaciones sin estar verificadas, se hacían adjudicaciones directas sin una justificación sólida, cada dependencia manejaba sus adquisiciones de manera distinta y la vigilancia de recursos se hacía cuando ya el dinero estaba comprometido.
