Salvador Tallabs Rubio, gerente ejecutivo de Banobras en Hidalgo, informó que al menos seis municipios se encuentran en proceso de gestión, análisis o autorización de financiamiento, cuya cantidad supera los 120 millones de pesos, que serán destinados a infraestructura y fortalecimiento de servicios públicos.
Se trata del municipio de Nicolás Flores, que obtuvo un recurso por 7 millones 339 mil pesos y recibirá un segundo crédito de 4.5 millones de pesos para la adquisición de ambulancias y vehículos de servicio a la ciudadanía. Por su parte, el municipio de Singuilucan recibió 5 millones 602 mil pesos para infraestructura.
San Salvador gestionó dos financiamientos, uno a través del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS) y otro del Fondo General de Participaciones, ambos por 8 millones de pesos. Mientras que Cuautepec permanece en análisis del Congreso del estado para acceder a un financiamiento de hasta 20 millones de pesos.
Tallabs Rubió explicó que la solicitud del ayuntamiento de Zimapán se encuentra en análisis para solicitar 7 millones 700 mil pesos, mientras que Huejutla evalúa la gestión de un recurso que podría oscilar entre 60 y 70 millones de pesos, pero no se ha concretado.
El funcionario precisó que, hasta la fecha, los 28 municipios severamente afectados por la vaguada monzónica no han presentado solicitudes, pero analizará con el Congreso la facilidad de que dichas demarcaciones puedan acceder a financiamiento destinado a la rehabilitación de infraestructura.
Expuso que el mes de junio es el límite para la firma de contratos, pero aclaró que el Congreso del estado deberá emitir un decreto individual que autorice a cada municipio a contratar financiamiento, como sucede con Cuautepec, cuya propuesta se encuentra en análisis de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Puntualizó que no existen adeudos heredados de administraciones anteriores con Banobras y que los compromisos pendientes quedarán solventados en agosto de 2027, gracias al esquema de retenciones federales que corresponde a los municipios, mediante un contrato de mandato protocolizado ante notario.
