Diana Rangel Zúñiga, diputada de Morena, reveló que en el marco de la presentación de la iniciativa para la gubernatura femenil, se observó mediante redes sociales y con usuarios anónimos diferentes indicios de violencia política contra el género femenino.
“Vimos muchísimos comentarios que tienen un sesgo de violencia política de género y siempre escondidos en el anonimato. La violencia sí existe, sí aumenta, pero estamos tratando de cambiar las cosas y que la sociedad respalde que las mujeres tenemos derechos. El sistema patriarcal ha generado esa mentalidad para que piensen que las mujeres no pueden gozar de todos los derechos”, señaló.
La legisladora dijo que se ha estudiado el tema de la violencia digital, ya que requiere atención especializada, debido a que las direcciones IP de los usuarios anónimos incluso pueden ser de otro país, por lo que los asesores legislativos buscan mecanismos para atender estos casos.
Rangel Zúñiga afirmó que desde antes se ha formado un sistema en el que se busca minimizar el trabajo de las mujeres mediante ideologías o estereotipos, por lo que aseveró que se está rompiendo dicha barrera para demostrar lo contrario.
La integrante de la 66 Legislatura local indicó que desde la Comisión de Igualdad de Género trabajan en materia legislativa para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres y el acceso a sus derechos. “hay mucho por hacer, las mujeres que participamos en la política somos violentadas y lo digo de manera general”.
“Estamos trabajando para poder regularlo y afortunadamente en el Código Penal existe el delito donde incluso se menciona el uso de inteligencia artificial y somos de los pocos estados que lo considera, pero aún hay mucho por hacer”, puntualizó.
La Fiscalía de Delitos Electorales informo que las sanciones por violencia política se castigan con penas de dos hasta seis años de prisión y se agravan si la conducta es cometida por servidores públicos, funcionarios partidistas o autoridades electorales. Además, la pena puede aumentar si la víctima es una mujer de origen indígena, así como con la inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por el Delito de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género.
