Jorge Valverde Islas, titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), estimó que al cierre de 2026 podrían acumularse entre 24 y 25 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEH) contra exfuncionarios municipales por la falta de comprobación de gastos relativos a las cuentas públicas 2021 y 2022.
Valverde Islas destacó que durante su administración ya han sido judicializadas 11 carpetas de investigación y siete más se encuentran en proceso, sin embargo, este año la cifra podría aumentar.
El funcionario estatal no quiso detallar de qué personas se trata ni los montos involucrados, aunque precisó que corresponden principalmente a exalcaldes y a una secretaría dependiente del gobierno estatal. Además explicó que en breve comenzará la revisión de la Cuenta Pública 2023.
“Las observaciones son de diversos temas que no se justificaron en su momento. Cuando se judicialicen daré a conocer cuáles son; eso sí, se trata de varios millones de pesos”, señaló.
El titular de la ASEH indicó que las carpetas judicializadas son las que involucran a alcaldes presuntamente relacionados con la «Estafa Siniestra», como: M.H.B., de Tula de Allende; L.A.H.O., de Atitalaquia; F.A.S., de Epazoyucan; L.F.G.G., de Pisaflores; L.E.C.G., de Nopala; F.J.R., de Huautla; S.J.C., de Tepeji del Río; M.M.T.V., de Singuilucan; G.G.R., de Tizayuca; y A.M.O., de Progreso de Obregón.
Inicia denuncia contra exdirector de la PIBEH
El titular del ente fiscalizador precisó que entre las denuncias presentadas se encuentra una contra Rodrigo León Cerón, exdirector de la Policía Industrial Bancaria del estado (PIBEH), por el presunto desvío de 4 millones 826 mil 246.38 pesos.
Valverde Islas detalló que la observación corresponde a la compra de medicamentos de los cuales no existe evidencia suficiente de su recepción por parte del beneficiario final. Aunque se reportaron entradas y salidas de almacén, no se acreditó el control ni la certeza de que los insumos fueran entregados a la subdirección médica, además de que no se presentó un contrato que definiera el mecanismo de suministro.
“Nosotros ya presentamos la denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia; hasta ahí llegó nuestra competencia y él deberá comparecer ante dicha instancia”, puntualizó.
