Por: Sydne Mariel Mendoza Mera.
No fue un hospital el que encendió la alarma, sino una pregunta incómoda. Ayer, en España, una joven accedió a la eutanasia por un padecimiento de salud mental. El dato, frío en apariencia, tiene una temperatura ética difícil de sostener: por primera vez, el sufrimiento psiquiátrico fue reconocido como motivo suficiente para interrumpir la vida bajo el amparo de la ley.
Pero ninguna decisión así ocurre en el vacío. Durante décadas, la psiquiatría y la psicología han trabajado bajo una premisa que es, al mismo tiempo, científica y moral: el dolor mental puede ser acompañado, tratado, transformado. Sin embargo, hay trayectorias donde esa promesa se fractura. Casos donde la intervención no alcanza, donde el sufrimiento no cede, donde la vida se vuelve una persistencia sin alivio.
Nombrar ese límite no debería ser escandaloso. Lo que sí debería serlo es todo lo que ocurre antes de llegar a él.
Aquí es donde la discusión deja de ser clínica y se vuelve política. Porque cuando una historia de vida está atravesada por la violencia, el abuso o la desprotección, lo que aparece no es solo un sujeto que decide, sino un entramado que falló. En términos de salud pública, no estamos ante un evento aislado, sino frente a la consecuencia acumulada de omisiones estructurales.
Michel Foucault lo planteó con claridad incómoda: el poder moderno no solo se ejerce prohibiendo, sino administrando la vida. Decidir qué vidas se cuidan, cuáles se sostienen y cuáles se dejan deteriorar también es una forma de gobierno. La biopolítica, en ese sentido, no siempre salva; a veces simplemente gestiona.
Más radical aún es la lectura de Achille Mbembe, quien habla de necropolítica: la capacidad del poder para definir quién puede vivir y quién puede morir. No se trata de una orden explícita, sino de una distribución desigual de la protección. Hay vidas más expuestas que otras. Más vulnerables. Más solas.
Bajo esa luz, la eutanasia adquiere un matiz inquietante. No como un acto de libertad pura, sino como una decisión que emerge en contextos donde la vida no fue plenamente garantizada. La autonomía, entonces, se vuelve una categoría frágil: ¿cuánta libertad hay en una elección cuando las condiciones que la rodean han sido sistemáticamente adversas?
El riesgo no está en reconocer el derecho a morir con dignidad. El riesgo está en normalizar las condiciones que hacen que esa dignidad sea más alcanzable en la muerte que en la vida.
En México, donde la eutanasia no es legal, el debate podría parecer distante. Pero sería un espejismo. Aquí, la discusión no pasa por comités médicos, sino por estadísticas que rara vez ocupan titulares: jóvenes que viven ansiedad como condición cotidiana, vacíos rebasados en el cuidado de la salud mental, violencias que se acumulan sin reparación.
La diferencia no es de fondo, sino de forma. Porque la ausencia de eutanasia no implica la presencia de cuidado. A veces, solo oculta el mismo problema bajo otras narrativas: la del “aguantar”, la del “salir adelante”, la de sobrevivir sin acompañamiento.
Porque cuando un Estado se limita a reconocer el final, pero no a garantizar el trayecto, algo se ha invertido profundamente. Y entonces, la eutanasia deja de ser únicamente un derecho. Se convierte, también, en un síntoma. ¡Hasta pronto!
