El robo de combustible a Petróleos Mexicanos (Pemex) amenaza la seguridad de los hidalguenses, una entidad considerada hasta hace unos años como una de las más seguras en el país pero que ha visto dispararse el índice de homicidios en los últimos tres años.
Aparejado al fenómeno directivo, se suman factores de pobreza que orillan a su población a participar en actividades delictivas como el huachicoleo.
Información oficial difundida por autoridades federales y Pemex citan a Hidalgo, junto con Puebla, Guanajuato, Jalisco y Veracruz como los cinco estados en donde se han registrado más tomas clandestinas de combustible en ductos de Pemex del 2016 a la fecha.
Entre estas entidades Hidalgo pasó, en tres años, del sexto lugar en esta lista al primer sitio, por el número de tomas clandestinas detectadas y reparadas por la empresa, mil 55 de ellas, de acuerdo a reportes de la misma.
A la par, en este lapso, Hidalgo se convirtió en una entidad insegura, pues la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 4.66 en 2016, a 6.28 en 2017.
La pobreza en el estado es un factor que se suma a las causas de la delincuencia y la inseguridad.
Hidalgo ha registrado un crecimiento económico menor a 2.3 por ciento, aunque tiene una meta anual de 4.5 por ciento, que no ha podido alcanzar.
De igual manera no ha podido alcanzar su meta en generación de empleos, pues de los 27 mil 300 empleos que se esperaba generar en el 2018 la cifra final fue de ocho mil 869 fuentes de trabajo.
Todo ello impacta y dio como resultados que al tercer trimestre del año inmediato anterior el 46.3 por ciento de su población se encontrara en pobreza laboral.
El Huachicol no paga
Sobre el tema, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que el huachicol “no paga” a la gente pobre que es contratada por las mafias con salarios de tres mil o cuatro mil pesos mensuales, ya sea como “halcones”, recolectores o como custodios de combustible robado.
“Se enriquecen los jefes de las grandes mafias, pero no la gente más pobre”, ha citado en reiteradas ocasiones el jefe del Ejecutivo nacional, al alertar el elevado riesgo que corren quienes se emplean en estas tareas.
Y es que además de penas de cárcel mínimas de ocho años, sin derecho a libertad a lo largo del proceso, quienes trasiegan con combustibles corren el riesgo constante de perecer al incendiarse o explotar los mismos.
