Circularon en redes sociales documentos que vinculan al gobierno municipal de San Salvador con el zafarrancho que se desató esta semana a las afueras de palacio de gobierno de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, el que una persona resultó lesionada por una bala de gas lacrimógeno lanzada por un oficial de la SSPH.
Se trata de una factura emitida por un particular, cuyas iniciales son A. A. Q., por la cantidad de 35 mil 380 pesos que amparan la renta al gobierno municipal de San Salvador de “unidades autobuses y minibús para el traslado de personas de la comunidad de Xuchitlán (San Salvador) a la ciudad de Pachuca” y de esa comunidad a la cabecera de la alcaldía de la que está al frente Armando Azpeitia Díaz, el pasado martes 1 de junio, cuando se suscitaron los referidos hechos.
El documento, con fecha de emisión del martes 1 de junio, indica que el pago fue recibido en una sola exhibición por medio de una transferencia electrónica de fondos.
Cabe recordar que, tras las protestas de los vecinos del Valle de Xuchitlán se desencadenó un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), dejando como saldo tres policías estatales y un civil herido, identificado como Leobardo Hernández Regino, que se encuentra en el Hospital General de Pachuca para su atención médica.
Dialogan inconformes y gobierno estatal
Asimismo, la tarde de este sábado, los quejosos regresaron a la capital hidalguense para realizar una segunda marcha donde, una comisión de más de 20 personas, fue recibida por autoridades estatales, para dialogar y conocer sus peticiones.
Los inconformes solicitaron una pensión alimenticia vitalicia por la cantidad de 52 mil pesos, la autorización para que Leobardo Hernández sea valorado por un médico particular y sea inscrito al seguro social junto a sus hijos, la indemnización por daño moral a sus padres por un millón de pesos, una vivienda digna para los hijos de la víctima; además, solicitan que se archiven las carpetas de investigación de los inculpados de la demarcación.
Tras concluir el encuentro se aprobó la incorporación de la víctima al seguro social, de acuerdo al marco de la ley que hicieron lectura; así como una vivienda para él y su familia.
