Georgina Obregón
Este lunes algunos conductores del servicio público particular denominado “taxi”, bloquearon los accesos a cinco ciudades del estado como parte de la negativa a pagar el servicio de la plataforma de APP, que representa, entre otras cosas, la entrada a la modernización del servicio que durante décadas ha operado de manera rudimentaria, es decir, al real entender de los concesionarios y de los choferes que trabajan para ellos.
El programa Taxi Contigo que anunció hace algunos días la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) se encuentra con el primer obstáculo para echar andar la modernización de dicho servicio público.
A todas luces se nota que el programa se anunció anticipadamente en momentos definidos como críticos en materia económica a causa de los estragos originados por la pandemia del coronavirus, que sigue presente y ha paralizado muchas fuentes de empleo. El servicio de taxi ha sido tocado por la suspensión de actividades presenciales en centros educativos, dependencias gubernamentales y privadas, así como por la disminución del horario de comercios.
Por tanto, solicitar el cambio de cromática a los concesionarios y el pago de plataforma mensual a los choferes representa un desembolso inesperado en momentos en los que escasea el dinero.
Tal vez faltó una campaña de sensibilización con los protagonistas del servicio de taxis para exponerles punto en qué consiste el programa Taxi Contigo, conocer su opinión, realizar los ajustes convenientes y después echarlo a andar.
El rechazo a la colocación del taxímetro se entiende como una postura dirigida a seguir la vieja práctica de fijar la tarifa de acuerdo al chofer y no con base en el tarifario oficial, pues quién no se ha sentido víctima de los conductores que agregan una carga extra al servicio aduciendo que ya es tarde, que se rebasaron los cuatro kilómetros, etcétera.
De esa manera no se hubiera dado oportunidad a que personas con intereses políticos promovieran movilizaciones de choferes en Pachuca, Tepeji del Río y Tula, principalmente, con el afán de obtener rendimientos personales y no precisamente sociales o gremiales.
En ese sentido se habla de la operación de diputados morenistas de la 64 Legislatura local, como Ricardo Baptista y Noemí Zitle en Tula, así como Lizeth Marcelino en Pachuca, junto con el delegado de Bienestar, Abraham Mendoza Zenteno.
Dentro de este alboroto se encuentra en juego la modernización del servicio público de transporte particular, pues si en estos momentos no se concreta no se podrá evitar la entrada de Uber y otras empresas que operan por medio de plataformas, pues se trata de una demanda de la sociedad que pretende una atención más profesional, segura y confiable, sin que el servicio le imponga escuchar música que no es de su agrado, conversaciones telefónicas entre el conductor y su pareja o mensajes cifrados que realizan los choferes desde sus radios integrados al vehículo.
La realidad es que el servicio de taxis no puede quedar relegado por más tiempo de la modernización y de los avances tecnológicos.
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