Por: Zaid González
La iniciativa para modificar la ley en materia energética presentada por Andrés Manuel López Obrador propone suspender permisos de generación de energía eléctrica ya otorgados a empresas privadas, si recibe el apoyo del Congreso podrá lograr su ambiciosa iniciativa de ley, cuyo objetivo es cancelar contratos, eliminar a los reguladores, garantizar que el Estado tenga el derecho exclusivo de explotación de energéticos y generación de electricidad.
Con esta narrativa nuestro presidente está dispuesto a enfrentarse a las empresas extrajeras ante cortes de arbitraje internacional para poner el sector energético en manos de la nación.
Cabe mencionar que esta iniciativa viene a colación a propósito de que el país ha sido víctima de intereses privados y abusivos, que atentan contra nuestra soberanía. Recordemos que en la administración pasada con Enrique Peña Nieto se nos garantizo que con la entrada de la libre competencia de gasolineras extranjeras y empresas generadoras de energía, el costo de la luz, gas y gasolina iban a bajar lo cual nuca fue así.
Ahora bien para que la iniciativa de reformar la ley sea posible, necesita 57 votos en la Cámara de Diputados. De lograrlo, por ser una reforma constitucional, las empresas ya no tendrían como recurso pedir un amparo a los tribunales de nuestro país para exigir el cumplimiento de contratos acordados bajo la administración anterior, sino que se verían obligados a recurrir a cortes de arbitraje internacional.
Para ello existe La Corte Internacional de Arbitraje, que es un organismo independiente y autónomo, formado por la Cámara de Comercio Internacional que es la organización empresarial más grande del mundo, con sede en París.
Dicho lo anterior las empresas extrajeras que salgan perjudicadas con esta reforma, lo que tendrían que hacer o lo que muy probablemente van hacer, es buscar lo que se llama
“Arbitraje de Derecho” en el cual los árbitros decidirán la resolución del conflicto con sujeción a un ordenamiento jurídico, el cual está determinado por las partes en el contrato.
En este tenor, nuestro país, tiene en cierto sentido ventaja, toda vez que para cuando llegue ese día, el ordenamiento jurídico de nuestro país habrá cambiado permitiendo la modificación y/o cancelación de los contratos sin recibir sanción o pagar indemnizaciones.
Por otra parte existe la posibilidad que en dichos contratos se haya estipulado leyes supletorias en las cuales se podrían auxiliar en caso de controversia o discrepancia entre las partes.
Por lo tanto esta clase de litigios se llevaran bastante tiempo y en un acto desesperado de las empresas extranjeras por continuar con sus contratos, harán del arbitraje, una lluvia de demandas, con el fin de saturar al personal mexicano que se encargue de ello.
Hasta el día de ayer (11 de abril del 2022) iba avanzando la reforma eléctrica dentro del Congreso, toda vez que las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la Reforma Eléctrica con mayoría absoluta, así como también, se aprobó la cancelación de todos los contratos existentes con la iniciativa privada para la generación de energía.
Estemos pendientes de la resolución que se dicte en el Congreso y de las consecuencias que se vendrán a raíz de esto, pero podemos estar tranquilos ya que por primera vez en la historia se está poniendo un alto a las irregularidades y abusos a las empresas privadas.
Zaid González CEO de Firma Legal Horbat Cromwell
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