«Los archivos Uber» que recientemente salieron a la luz y que revelan que la empresa presuntamente realizó prácticas ilegales como sobornos, presiones, y chantajes con gobiernos, parlamentos y demás instituciones, dan la razón al gobierno de Hidalgo que negó la operación de la empresa en la entidad.
Así lo consideró José Luis Guevara, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), quien expuso que, de ser cierto lo que circula en medios de comunicación globales, «se demostraría una vez más que la visión del gobernador Omar Fayad nunca estuvo errada y que la protección al sector transportista hidalguense debía ser con un fundamento sólido, como es la Ley de Movilidad y Transporte, que establece que sólo los concesionarios de transporte pueden brindar servicio mediante aplicación móvil».
Añadió que, la tecnología Taxi Contigo se sumo a los aciertos de la administración estatal para evitar la competencia desleal de las empresas transnacionales; «se buscó brindar un servicio moderno y eficiente para los pasajeros con la aplicación Taxi Contigo, que cuenta con taxímetro digital, botón de pánico-alertamiento conectado al C5I y geolocalización», dijo.
Por otra parte, resaltó que solo en tres de las 32 entidades del país no opera Uber, en dos de estos estados se debe a que se evitó su ingreso a través de acciones violentas; mientras que, en Hidalgo se ha evitado sin necesidad de movilizaciones sociales, sino con fundamento en el derecho y defensa en tribunales federales.
Finalmente, puntualizó que la dependencia a su cargo ha concientizado a los concesionarios de la Zona Metropolitana de Pachuca mediante capacitaciones y pláticas sobre la importancia de trabajar en unidad, de mejorar el servicio y contar con los elementos necesarios para conservar su fuente de empleo y lograr el sustento de más de 30 mil familias dependientes del transporte público.
Escándalo Uber
En los últimos días, se filtraron 124 mil documentos de la empresa Uber, donde se exhiben operaciones realizadas presuntamente por la transnacional en 40 países, las prácticas ilegales van desde sobornos, presiones, chantajes entre otras prácticas con gobiernos, parlamentos y demás instituciones, mediante un esquema global de evasión de impuestos.
