Por: Roberto Rico Ruiz*

 

La violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, tiene raíces sociales culturales e institucionales y eso tiene mucho que ver en las fallas de los mecanismos de las instituciones y en las normas para prevenir, combatir y erradicar la violencia de género, pero la mayor responsabilidad es de la sociedad que la normaliza.
Es alarmante el índice de violencia de género que existe en nuestro país. De fondo, no se ha logrado cambiar la imagen, el concepto y mucho menos el valor que les da la sociedad. Está la violencia que ejercen sobre ellas, misma que viene de un trato diferenciado de llegarse a pensar que son diferentes; pongamos la lupa en cómo sigue persistiendo una cultura patriarcal.
Al dejarse ver que somos nosotros mismos como hombres y mujeres quienes en conjunto y en sociedad hemos fomentado diversos roles de género al seguir los patrones de la educación con la que nos hemos rodeado y formado, un esquema de subordinación e invisibilización de las mujeres basado en una situación de desigualdad estructural, desata en violencia que atentan contra su vida, integridad, libertad y dignidad, por estas y muchas razones más, las denuncias y las protestas han estado presentes recurrentemente, luchas, que han hecho que se tomen medidas para ir cambiando el panorama social.
Para ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. La magnitud de este impacto tanto en la vida de las personas y familias como de la sociedad en su conjunto, es inmensa.
En este sentido, dicho organismo internacional define a la violencia contra las mujeres y las niñas, como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. La violencia contra las mujeres y niñas, abarca con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado.
La violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito privado, como lo es el maltrato en el hogar o violencia de pareja, es una de las formas más comunes de violencia a escala mundial, se resume como cualquier patrón de comportamiento que se utilice para adquirir o mantener el poder y el control sobre una pareja íntima; abarca cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico, incluidas las amenazas de tales actos para que influya en otra persona.
En esa tesitura de la desvalorización de la mujer y su subordinación, trae consigo diversas formas de agresión y coerción de acuerdo con la relación en que ésta se enmarca y el ejercicio de poder que supone, factores de cuidado que las ponen en riesgo o de vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres.

De tal manera que, cada día se perciben más formas de violencia hacia las mujeres, principalmente por situarlas en una brecha de desigualdad, como lo es la violencia vicaria, que generalmente involucra a los seres queridos y principalmente a las y los hijos de las víctimas.
De esta forma, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sitúa a la violencia vicaria como aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utilizan a sus hijas e hijos y personas significativas para ellas, como un medio para dañarlas o causarles sufrimiento, y es cometida generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra, y que convergen conductas de violencia familiar, física, psicológica, de género, económica, patrimonial e institucional.
Sin embargo, esto no quiere decir que este tipo de violencia solo la padezcan las mujeres, ya que pueden darse casos en los que sea cualquiera de las personas progenitoras que atentan contra las y los hijos, familiares o personas cercanas de las que resultan ser víctimas, y aquí hay un aspecto principal que no se debe dejar de observar, el interés superior de la niñez como un principio constitucional tutelado en el artículo 4 de nuestra Constitución, mismo que garantiza de manera plena sus derechos.
En este aspecto los estados que han aprobado reformas a sus leyes para reconocer a la violencia vicaria como violencia de género son: Baja California Sur, Estado de México, Colima, Zacatecas, Puebla, Yucatán, Hidalgo, Sinaloa y Quintana Roo, siendo estos dos últimos, los que contemplan que tanto hombres como mujeres, pueden padecer violencia vicaria.
Ahora bien, atendiendo a estas problemáticas, se requiere poner en la mesa, los casos de las personas que resultan ser más afectadas, o que a través de los años siguen siendo el punto de violencia. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía presentó los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, realizada del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2021, su objetivo, generar información estadística con representatividad nacional y estimar así la prevalencia y gravedad de la violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más, los tipos van desde los psicológico, físico, sexual, económico o patrimonial. Para el ejercicio de 2021 se estimó que de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 70.1 % ha experimentado al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia 51.6 %, seguida de la violencia sexual con un 49.7 %, la violencia física representó un 34.7 % y la violencia económica, patrimonial y/ o discriminación fe de 27.4 %. Con respecto a 2016, los resultados de 2021 mostraron un incremento de cuatro puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida.
En el ámbito de las relaciones de pareja, las mujeres pueden correr mayor riesgo de experimentar algún incidente de violencia. Además, la naturaleza del vínculo afectivo profundiza sus consecuencias. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares considera como parte de la violencia en el ámbito de pareja, los actos abusivos de poder u omisiones intencionales que pretendan dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y/ o sexual a las mujeres. Esta violencia suele ser ejercida por personas con quienes las mujeres han tenido una relación de matrimonio, concubinato o mantienen o hayan mantenido una relación de hecho.
La prevalencia de violencia en la pareja a lo largo de la relación actual o última en las entidades federativas, la vivieron en mayor medida las mujeres de entidades como: Guerrero con un 47.6 %, nuestro estado de Hidalgo con un 45.6 %, y Yucatán con un 45.1 %.
Al respecto, se han realizado muchos esfuerzos por parte de organizaciones internacionales, autoridades y sociedad civil con el fin de combatir y cambiar esta triste realidad. Sin embargo, se requiere de un proceso de adaptación a nuestra sociedad; recordemos que la Organización Mundial de la Salud, ha situado a la violencia de género como un problema de salud pública que sigue presente en la sociedad, por tal motivo, no debemos normalizar protestas públicas o lo que frecuentemente se ve en redes sociales, que son miles de abusos, desapariciones y muertes de tantas mujeres, niñas y adolescentes, cambiar nuestra mentalidad y afianzar los valores que promuevan el respeto por igual hacia todas las personas que conforman la sociedad, es tarea fundamental de la ciudadanía.
Bajo una necesidad de analizar el tema de derechos humanos respecto al de la violencia de género, primeramente se debe entender la desigualdad entre géneros, de generar conciencia, y entender los alcances de las normas. En este tramo el tema de violencia vicaria debe ser analizado con enfoque de género, pues las voces y esfuerzos de las mujeres no pueden ser minimizados ni caminar en retroceso, alentemos a una cultura de la denuncia, apoyemos a no revictimizarlas con la orientación de ofrecer posibilidades de cambios culturales y estructurales, reconociendo que a las mujeres, son a quienes más se le violenta, de lo contrario este mal seguirá convirtiéndose en un padecimiento generacional.

*Catedrático Universitario y Maestro en Derecho Electoral
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