Por: Ana Laura López Tapia*
La comunidad mundial aprobó en septiembre de 2015, a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como un marco creado para lograr el progreso de la humanidad en quince años sin dejar atrás a ninguna persona, con un énfasis especial en las niñas, niños y adolescentes, vinculando las políticas públicas con sus derechos humanos. El fin es garantizar su pleno, armónico e integral desarrollo, con el propósito de construir una ciudadanía desde la niñez, no tener respuestas reactivas (cuando ya sucedió una violación a sus derechos fundamentales) sino crear respuestas y acciones preventivas, pero superando la visión adultocentrista de dichas políticas.
El fin de los Objetivos del Desarrollo Sostenible es tener a los derechos humanos como la línea conductora, centrarse en el bienestar de las personas y el respeto a su dignidad por parte del Estado, convocar a la construcción de sociedades pacíficas, coadyuvando autoridades, sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos.
El reto en materia de infancia y adolescencia es dejar de normalizar la violencia, ya que esto debilita el estado de Derecho; eliminar el trabajo infantil y el matrimonio forzado; verlos como sujetos de derechos, capaces de formarse juicios, y como seres pensantes y potenciales interlocutores que aportan, proponen, demandan, opinan y buscan información; cerrar las brechas de desigualdad que existen. No solo se trata de ofrecer mejores servicios sino de darles el lugar que les corresponde en la sociedad.
Un ejemplo de lo que se pretende con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible respecto de niñas, niños y adolescentes en el rubro de educación de calidad, es el garantizar una educación inclusiva y equitativa, promoviendo oportunidades de aprendizaje para la colectividad; crear un nuevo modelo educativo; la universalización de la educación básica; desarrollo de competencias; adquisición de habilidades de lectura para toda la población; educación de calidad a nivel preescolar; eliminar la disparidad de género; no ceñirse a la educación formal o escolarizada sino ampliar el panorama a un desarrollo sostenible, entre otros.
Ahora bien, ¿cuál es el papel de la sociedad civil dentro de la Agenda 2030 y qué podemos hacer cada uno de nosotros para impulsar que se respeten los derechos de la infancia y adolescencia? Asumamos el reto de brindarles espacios de opinión y participación, presentemos soluciones, cambiemos los patrones de crianza de nuestras niñas, niños y adolescentes, construyendo pilares en donde les brindemos herramientas para que creen su identidad personal y confianza en sí mismos; démosles sentido de pertenencia con la sociedad y la naturaleza, que sepan responder en lugar de reaccionar; que entiendan la importancia de la responsabilidad social y que el impacto de nuestras acciones no solo nos afectan a nosotros, por lo que siempre deberán respetar la vida en su conjunto. Educar con amor, respeto e igualdad es la base para romper paradigmas y cambiar realidades.
*Lic. Ana Laura López Tapia
Visitadora Adjunta de la CDHEH
