Por: Roberto Rico Ruiz
Dentro de los puntos relevantes de la iniciativa de reforma electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dispone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos en relación a sus actividades ordinarias, con el ánimo de que sean sus simpatizantes y militantes quienes cubran esos gastos, y para la obtención de recursos privados, los partidos políticos deberán reportar e identificar la fuente de todo recurso obtenido; de tal manera que contarían con el financiamiento público que se mantendría solo para los gastos de campañas electorales; en el entendido que en periodos donde no hay elecciones no son justificables.
Se hace un análisis sobre los costos presupuestarios de los procesos electorales, en este tenor la iniciativa reconsidera sobre la existencia y necesidad de los Organismos Públicos Locales Electorales por la cantidad de recursos económicos que implica su mantenimiento, haciendo énfasis que sus facultades y atribuciones quedaron limitadas debido a la reforma electoral de 2014, y más aún, con la facultad de atracción con la que cuenta el Instituto Nacional Electoral. En este sentido, la propuesta sugiere suprimir al Instituto Nacional Electoral y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pasando a ser esta última la autoridad electoral conformada por órganos temporales y auxiliares, en especial en los periodos electorales que concentren todas las funciones en dichos procesos.
A la par dicha iniciativa pretende designar que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación absorba las controversias electorales locales del país, pues se argumenta que los tribunales electorales locales no generan certeza en sus resoluciones, ya que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve en definitiva casi cualquier acto impugnado de las elecciones locales.
De lo concerniente a la designación de las autoridades electorales, la propuesta versa que sea a partir de candidaturas presentadas por: las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la persona titular del Ejecutivo Federal, para que mediante el voto popular sean definas.
Se sugiere una reducción en la Cámara de Diputados, puesto que quedaría conformada por 300 curules, elegidos mediante el sistema de listas votadas en cada una de las entidades federativas; y para el Senado de la República, quedaría integrado por 96 escaños por lo que su elección sería a través del sistema de listas por entidad federativa; en ambas observando el principio de paridad de género.
Igualmente retoma algo novedoso, el voto electrónico, mismo que permite garantizar constitucionalmente el uso de tecnologías de la información y comunicación para la emisión del sufragio.
Además, se contempla una reducción en el número de integrantes en los congresos locales, en los ayuntamientos y alcaldías, conforme al criterio poblacional estableciendo un tope por cuanto a sus integrantes.
Hay aciertos y desaciertos en la iniciativa de reforma electoral, empero, es indispensable concentrarse en velar por la autonomía de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral. Se requiere una justicia sin intromisiones de los poderes públicos o del sector privado, avanzar e incrementar las condiciones de igualdad entre las personas actoras en las contiendas electorales garantizando un piso parejo y que se cumplan las reglas. No puede haber leyes a modo, legislar implica, realizar estudios minuciosos en una observancia de realidades políticas, sociales, culturales y económicas donde se aplique la ley además de una valoración y consenso fundamentales en un marco jurídico nacional más justo.
*Catedrático Universitario y Maestro en Derecho Electoral
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