Por supuesto que sería una imagen alucinante: Donald Trump custodiado por agentes policiales de Nueva York, al mismo tiempo que por agentes del Servicio Secreto. ¿Se hará realidad?
Por lo menos este martes no ocurrió como el expresidente estadunidense lo había anunciado. Pero podría ocurrir, ya que el fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no ha cerrado la investigación correspondiente, cuyo paso siguiente es decidir si presenta cargos formales por la comisión de un delito, o bien si cierra su indagatoria.
Algunos analistas políticos recuerdan que este sábado el magnate neoyorquino prevé la realización de un evento de campaña en Texas, aunque discrepan en si encausarlo o cerrar la investigación sería lo mejor o peor antes o después de esa fecha.
Y también se recuerda que el fiscal Bragg es de filiación demócrata, y además el primer afroamericano en encabezar esa oficina, lo que también levanta polémica sobre su decisión, cualquiera que sea, pues no hay que olvidar que en Estados Unidos ese tipo de posiciones judiciales son de elección popular.
Ahora la investigación sobre el exmandatario se encuentra en la fase de Gran Jurado, una institución judicial estadunidense donde de una a dos decenas de ciudadanos –en este caso 23- recibe pruebas y testimonios de testigos sobre la probable comisión de un delito, y decide si el investigado debe ser llevado a juicio.
Donald Trump es investigado por la corte de Distrito de Manhattan a cargo del fiscal Alvin Bragg, por el pago que presuntamente realizó a la actriz porno Stormy Daniels de 130 mil dólares, para que no difundiera una relación sexual entre ambos.
Ese pago en sí no es el delito, sino la forma como fue realizado, en donde aparece el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, quien recibió en total 420 mil dólares por concepto de reembolso por el dinero que entregó a Daniels, impuestos y bonus. El dinero salió de las arcas de la Trump Org. y trata de precisarse cómo fue asentado en los registros contables, pues se sospecha que el dinero no se consignó cómo debía, lo que significaría una falsificación y por ello un delito.
Junto con lo anterior se pretende también determinar si existió la intensión de cometer un delito o ayudar para la realización de un delito por un tercero, lo que de demostrarse, implicaría una violación a las leyes de financiamiento de campaña.
Es decir, no está en cuestión si Trump tuvo o no una relación extramarital con la actriz porno, ni si le pagó por guardar silencio, sino la forma en que contablemente se consignó el pago, lo que originaría los delitos.
En Estados Unidos a nadie parece importarle la relación extramarital, lo que quizá tenga que ver con la imagen propiciada por el propio Trump, ni tampoco si pagó para ocultarla, un pago que a la luz de las leyes estadunidenses no es delito, pero que no parece ser muy ético.
El exmandatario se ha declarado víctima de una cacería brujas y ha llamado a sus seguidores a defenderlo, como sucedió en los días previos a que dejara la Casa Blanca, cuando afirmó que había sido objeto de un fraude electoral. La estrategia es clara: si no puedo obtener lo que quiero por las buenas, me declaro víctima y acusó a los demás.
Trump parece estar en una posición de ganar-ganar. Si se decide no levantarle cargos, podrá seguir sin problemas a su nominación como candidato, pero si es encausado, como no se trata de un delito grave, también podría seguir hacia su nominación pero envuelto en el aura de víctima de un “Estado profundo” que solo existe en su mente y en la de sus seguidores que rechazan ver los hechos.
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