Por Dr. Pastor Badillo Flores*
“El acto más valiente para una mujer es pensar por sí misma y en voz alta”
Coco Chanel
De manera general, los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTC) tales como Progresa, Oportunidades y Prospera, no tienen como objetivo principal el empoderamiento de género. Sin embargo, por la naturaleza de sus apoyos pueden contribuir a su consecución. En el diseño de estos programas se considera a la mujer como la principal receptora de las transferencias monetarias, esto bajo el supuesto de que administran de mejor manera los recursos (Meza et al. 2002; Cena and Chahbenderian, 2015). Este recurso económico genera en la mujer confianza y poder de decisión dentro del hogar lo que debería contribuir a empoderarla (Cecchini and Madariaga, 2011; Molineux and Thomson, 2013; Zibecchi, 2011). Sin embargo, el empoderamiento de la mujer a través de los PTC ha sido cuestionado (Gammage, 2010; Villatoro, 2007; Franzoni and Voorend 2008).
De acuerdo con Molyneux y Thomson (2013), el empoderamiento de la mujer se refiere a “la adquisición de capacidades que tienen el potencial de asistirla en el desarrollo de autonomía (material y legal), igualdad (social y personal, estatus y autoestima) y una voz e influencia sobre decisiones que afecten sus vidas”. Por su parte, Camberos (2011) menciona que “persigue, no solo una mejora en la condición de las mujeres a través de la satisfacción de sus intereses prácticos; sino también, una mejora de su posición en las relaciones de género a través de la satisfacción de sus intereses estratégicos”.
En Latinoamérica encontramos una “estructura tradicional” arraigada, en la cual el hombre es el proveedor de recursos económicos, mientras que la mujer se queda al cuidado del hogar, el denominado modelo “male breadwinner”. Los PTC no buscan precisamente modificar esta estructura tradicional, sino que consideran a la mujer como la encargada del cuidado y reproducción del hogar (Franzoni y Voorend, 2008). Si bien, la mujer es la receptora del beneficio, es también la principal encargada del cumplimiento de las condicionalidades educativas y de salud (Meza et al., 2002; Gammage, 2010). Por lo que, combinar una “doble jornada” o “doble presencia” (Durán, 1986; Balbo, 1990; Carrasco, 2001), es decir, cuidado del hogar con un empleo remunerado, sumado a las condicionalidades puede generar una sobrecarga de actividades.
Los PTC no solo colocan en segundo plano el ingreso de la mujer al mercado laboral, sino también el trabajo doméstico. Gammage (2010), señala que el trabajo doméstico debe ser considerado como un punto de referencia que permita evaluar el impacto de los programas enfocados en la lucha contra la pobreza. Gammage (2010), considera que nos encontramos ante un problema de eficiencia doméstica, por lo que sugiere la implementación de instrumentos que faciliten a las mujeres las tareas del hogar. Una medida similar es propuesta por Cecchini y Madariaga (2011), que sostienen que la creación de estancias de cuidado infantil permitiría aligerar la carga de trabajo doméstico de la mujer. Lo que ayudaría a su incorporación al mercado laboral, permitiendo la conciliación del trabajo remunerado y el doméstico, que es un punto ausente en el diseño los PTC. Sin embargo, si la construcción de la estrategia es guiada siguiendo esta línea, se estaría adjudicando a la mujer la responsabilidad del cuidado del hogar. Dejando de lado, por ejemplo, la búsqueda de una mejor distribución de las tareas domésticas entre los miembros del hogar.
En un estudio realizado por Ochman (2016), considera que tras veinte años de implementación de PTC en México (Progresa, Oportunidades y Prospera), estos programas hacen imposible el empoderamiento de la mujer. Señala que si bien promueven cierta independencia económica (satisfacción de las necesidades básicas), reproducen estereotipos y roles tradicionales, lo que genera un impacto negativo en el bienestar de las mujeres. Otra de sus críticas se dirige a las condicionalidades, ya que no se consideran los mecanismos de participación, sino que su cumplimiento se adjudica a la mujer. En cuanto a los efectos positivos, señala que las mujeres muestran cierto discurso de empoderamiento, poder de decisión y en algunos casos el recurso económico contribuye a que abandonen relaciones de violencia con sus parejas. Sin duda, uno de los retos principales se ubica en el diseño de políticas públicas, es necesario no reproducir una estructura tradicional, este tipo de programas deben tener de fondo una perspectiva de género que considere como uno de sus elementos el empoderamiento de la mujer.
Investigador posdoctoral en El Colegio del Estado de Hidalgo
Correo: info@elcolegiodehidalgo.edu.mx
Facebook: El Colegio del Estado de Hidalgo
Twitter: @elcolegiohgo
