La diputada Lisset Marcelino Tovar presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cultura y Derechos Culturales del estado, para asegurar los derechos humanos y culturales de las personas privadas de libertad, con el objetivo de promover una reinserción social efectiva tras el periodo de prisión.

Dicha condición jurídica puede surgir como resultado de arresto, detención preventiva, condena tras un juicio o cualquier otra medida legal que implique restringir la libertad de una persona.

El acceso a actividades artísticas permitirá a los presos desarrollar habilidades, capacidades, talento y creatividad, además les permitirá impulsar la creación de programas en materia cultural.

Resaltó la importancia de los derechos ligados al arte y la cultura, al abarcar elementos como el manejo del lenguaje, la producción artística, la participación cultural, el patrimonio y los derechos de autor, entre otros aspectos fundamentales.

La legisladora señaló que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el conocimiento del pasado y el presente es un elemento impulsor del desarrollo sostenible.

La última reforma aplicada a dicha ley se realizó en octubre del 2022 en la que se establece un trato humano hacia los detenidos, no obstante, Marcelino Tovar afirmó que todas las autoridades deben promover los derechos humanos de las personas encarceladas.