Luego de manifestarse por más de ocho horas y cerrar las entradas del edificio del Poder Ejecutivo, con el personal adentro, ejidatarios de la comunidad de Capula, Ixmiquilpan, lograron llegar a un acuerdo con autoridades del gobierno de Hidalgo sobre la regularización de 35 hectáreas.

De acuerdo con los manifestantes, el problema agrario data desde hace 40 años, tiempo en el que decenas de habitantes han ocupado dichos predios, que se adjudica la Comisión Nacional del Agua; por lo que solicitaron la intervención de la administración estatal y pidieron una audiencia para este martes 5 de marzo con el gobernador de Hidalgo y autoridades de la Conagua y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).

Al llegar esta mañana al recinto gubernamental, ubicado en Plaza Juárez, en el centro de Pachuca, y tras esperar la atención por casi dos horas, optaron por bloquear todos los accesos del inmueble alrededor del mediodía, dejando encerrados a más de mil burócratas y personas que realizaban sus trámites.

Por más de seis horas se prolongó el bloqueo, tiempo en el arribaron decenas de policías estatales a las inmediaciones del recinto gubernamental, lo que provocó que los manifestantes tomaran palos y piedras del Jardín de los Hombres Ilustres.

Cerca de las tres de la tarde, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva salió del edificio y les ofreció a los quejosos acompañarlos hasta la Ciudad de México para tratar el asunto directamente con las autoridades de Conagua, pero fue rechazado; para las 16:45 horas los manifestantes aceptaron que una comisión de ocho personas ingresará a dialogar con el secretario de Gobierno estatal, el procurador interino y el delegado de la Conagua en Hidalgo.

Derivado de ese primer diálogo, se logró que un grupo de trabajadoras saliera del edificio, alrededor de las 17:30 horas y, tras dimes y diretes de las autoridades y los ejidatarios, a las 18:10 horas se acordó la salida de todo el personal, luego de acordar que la administración estatal resolverá la regulación de los predios en un lapso máximo de seis meses, además de que los pobladores tendrán el asesoramiento de un abogado de la Procuraduría General de Justicia durante todo el proceso.

«Ya se estableció el acuerdo de que de inmediato se va a impulsar entre las autoridades federales lo que aquí se ha platicado, vamos a apoyar a esta gente para que cuando antes cuente con una escritura, legalmente no hay, al parecer, algo que lo contraponga; con este diálogo buscamos que este ya sea el cierre del planteamiento, hemos ofrecido todo el apoyo de gobierno del estado», concluyó el secretario de Gobierno estatal.